Ernesto Cordero y Jordy Herrera autorizaron rebajas petroleras a favor de EU

Cinco secretarías de Estado, el Banxico y Pemex están involucrados en los descuentos discrecionales que aplica el gobierno federal al precio del petróleo, por más de 860 millones de dólares anuales. Entre los funcionarios que han avalado los factores K y K’ destacan el ahora precandidato del PAN a la Presidencia, Ernesto Cordero; el secretario de Energía, Jordy Herrera, y el director de la petrolera, Suárez Coppel. Las multimillonarias pérdidas del erario se “justifican” para “competir” contra los petroprecios de Venezuela, país vigilado escrupulosamente por México. Documentos oficiales dan cuenta de la estrategia de los funcionarios para mantener el tema alejado de los medios de comunicación

Segunda de tres partes

El precandidato del Partido Acción Nacional a la Presidencia, Ernesto Cordero Arrollo; el actual secretario de Energía, Jordy Herrera Flores; y el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José Suárez Coppel, se encuentran entre los funcionarios que han conocido y avalado los multimillonarios descuentos a los precios de los crudos Maya, Istmo, Olmeca y Altamira.

Tan sólo en este sexenio, el erario habría perdido más de 4 mil 300 millones de dólares en sus exportaciones del energético por las ofertas unilaterales que aplica, desde al menos hace una década, el gobierno federal. Actas del Consejo de Administración de PMI Comercio Internacional obtenidas por Contralínea revelan la discusión de una estrategia para evitar que los medios de comunicación investiguen estos descuentos millonarios que favorecen, principalmente, a Estados Unidos.

Otros panistas y servidores públicos de esta administración que han sido informados de las discrecionales rebajas son los secretarios y exsecretarios de Estado Bruno Ferrari García de Alba, Patricia Espinosa Cantellano, José Antonio Meade Kuribreña, Salvador Vega Casillas, Gerardo Ruiz Mateos, Georgina Kessel Martínez y Germán Martínez Cázares. En esa lista también se encuentra Agustín Carstens Carstens, director del Banco de México y extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Como lo informó Contralínea (edición 253, 2 de octubre de 2011), esas depreciaciones del crudo favorecen sobre todo a Estados Unidos, pero también a Italia, España, China e India. Y es que los denominados factores K y K’, que se aplican a las ventas internacionales del petróleo, fijan decrementos que van de 1 centavo de dólar a 3 dólares por cada barril, aunque el máximo permitido es de 1.9 dólares por barril exportado.

Si los descuentos se fijan en ese máximo permitido, representarían una sangría al erario de 2 millones 369 mil 300 dólares al día: en cada jornada, PMI Comercio Internacional vende 1 millón 247 mil barriles de crudo en promedio. Así, las pérdidas –que se “justifican”, de acuerdo con Pemex, como “ajustes de precio por competitividad”– podrían superar los 864 millones 794 mil 500 dólares al año.

Decisión unilateral

Pese a la importancia de los montos implicados, el Poder Ejecutivo establece de manera unilateral tanto el descuento como las condiciones del mismo. El Congreso de la Unión no sólo no participa en la designación de los “ajustes”, sino que ni siquiera es informado de la aplicación de éstos. Dicha situación motivó que la Cámara de Diputados creara la Comisión de Investigación en Relación con las Políticas Implementadas para la Determinación de los Precios del Petróleo, el 15 de marzo de 2005.

Pero de Vicente Fox a Felipe Calderón, nada cambió. La subsidiaria PMI Comercio Internacional sólo consensúa esta medida con cinco secretarías de Estado –Hacienda y Crédito Público, Energía, Economía, Función Pública y Relaciones Exteriores–, el Banco de México, Pemex Corporativo y sus subsidiarias Refinación, Exploración y Producción, y Gas y Petroquímica Básica.

Estas dependencias y organismos conforman el Grupo Interinstitucional de Comercio Exterior de Hidrocarburos, revelan documentos oficiales. Éste se encarga de discutir, de manera periódica, los análisis técnico/comerciales del mercado, elaborados por el llamado “brazo comercial” de Pemex, y fijar los montos de las rebajas por cada cliente extranjero, especialmente para los radicados en Estados Unidos.

De esta unilateral medida, los análisis de mercado no son los únicos elementos que se mantienen bajo reserva, también los nombres de los servidores públicos que representan la voz y el voto de cada dependencia y organismo del Grupo Interinstitucional. Además de establecer los descuentos, esos funcionarios tendrían la obligación de informar a los titulares de las dependencias y organismos involucrados los acuerdos alcanzados en cada reunión.

De manera directa, tanto Jordy Herrera Flores como Juan José Suárez Coppel han avalado los multimillonarios descuentos, descubren actas de las sesiones ordinarias del Consejo de Administración de PMI Comercio Internacional. El primero, en su calidad de director de la subsidiaria Pemex Gas y Petroquímica Básica, situación que no variará ahora que asumió la titularidad de la Secretaría de Energía.

Análisis del mercado

De acuerdo con PMI Comercio Internacional, filial comandada por María del Rocío Cárdenas Zubieta, cada vez que se modifican los factores K y K’ se realizan análisis técnico/comerciales de mercado. Éstos se encuentran reservados, según lo determinó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos al revisar el recurso 0123/05, interpuesto por este semanario en mayo de 2005.

Sin embargo, copias de las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Administración de PMI –que Contralínea obtuvo por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– revelan algunos aspectos contenidos en dichos estudios. Basados en los principios de oferta y demanda, los análisis incluyen, por ejemplo, la medición del inventario de los clientes extranjeros.

En el caso de Estados Unidos –que consume el 84 por ciento de las exportaciones de crudo mexicano–, se considera una medición formal basada en reportes semanales elaborados por el Departamento de Energía de ese país, que muestran el movimiento de inventarios y el nivel de proceso de las refinerías, y una segunda medición con base en la percepción de mercado que deriva de la utilización de buques denominados VLCC.

El acta de la 12 sesión extraordinaria del Consejo, realizada el 18 de mayo de 2009, indica que para esa fecha las estimaciones se ubicaban en 80 mil millones de barriles almacenados alrededor del mundo, de los cuales el 50 por ciento se concentraba en la Costa Norte del Golfo de México.

Los análisis también determinan la cantidad y el tipo de crudo almacenado por cliente (ligero africano, medios y pesados de medio oriente, crudos venezolanos e iraníes), así como el costo del almacenamiento que se cubre con el valor futuro del energético.

Una vez que se tienen esos datos, se realiza una proyección que incluye una curva a mediano y largo plazo “en contango” (que significa la aplicación de un descuento al precio de las ventas de futuros). Así, para los clientes de Pemex se crean oportunidades de negocio al comprar petróleo a precios actuales. Éstos, incluso, pueden generar especulación en el mercado, al ser vendidos por esos clientes de forma inmediata, pero más caros a los precios que se negocian en los contratos de futuros.

Cuando la “curva a mediano y largo plazo en contango se debilita, existe un incentivo para ofertar el crudo almacenado, presionando puntualmente las cotizaciones de crudo a la baja”, dice el acta de la subsidiaria, consultada por este semanario.

El mismo documento revela la preocupación de los directivos de la paraestatal por ocultar esta información a la sociedad mexicana. Al discutir el impacto del descuento de 2.25 dólares por cada barril exportado entre noviembre de 2008 y el primer trimestre de 2009, Bernardo de la Garza Hesles –actual subdirector corporativo de Pemex Refinación– explicó al entonces director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, la “expectativa interna”.

Ésta, dijo, dependía de la coyuntura política que se vivía entonces. “El tema sensible que pueden explotar los medios [de comunicación] sería respecto al presupuesto y los ingresos, ya que los recursos petroleros serían un factor adicional a los que venían vulnerando al ingreso del país” (sic), dijo De la Garza Hesles. Sobre este punto, Reyes Heroles pidió que “se vigilara el enfoque [periodístico] con que se plantearía al público dicho tema”.

En su sexta página, el acta de la 12 sesión extraordinaria apunta que el exdirector de la paraestatal dijo a los consejeros y asistentes que “si en este caso el diferencial entre los crudos mexicanos [exportados con descuentos] con los crudos marcadores había estado particularmente cerrado, sería sensato establecer que se estaba presenciando un regreso a la normalidad”.

Ese regreso a la normalidad del que hablaba no significaría otra cosa que la caída de los petroprecios. El contexto de la declaración de Reyes Heroles se enmarcaba en la bonanza del mercado, con las más altas cotizaciones registradas en la historia petrolera que, por lo visto, no habrían beneficiado a las finanzas públicas de México.

Fiscalización a Venezuela

Los análisis técnico/comerciales que derivan en el abaratamiento del crudo nacional también incluyen una puntual fiscalización de las ventas realizada por sus principales competidores, Venezuela y Arabia Saudita. Entre otras cosas, se evalúa el comportamiento de sus precios, sobre todo el relacionado con el ajuste de éstos a la baja.

Así, se presume el escenario que enfrentará PMI en materia de cotizaciones en el corto plazo y mediano plazo. Es en esa “guerra” por ganar mercados en la que el brazo comercial de Pemex está dispuesto a depreciar los crudos de exportación.

Sobre el país que dirige Hugo Chávez, los estudios de Petróleos Mexicanos también han tenido por objeto determinar si existen diferencias entre el volumen de producción reportado por las autoridades venezolanas y el volumen reportado por agencias independientes, entre las que destaca la Agencia Internacional de Energía, evidencia el acta de la 88 sesión ordinaria del Consejo de Administración de PMI.

Fechado el 1 de septiembre de 2009, el documento indica que el entonces director de la paraestatal, Reyes Heroles, ordenó analizar también a Brasil y Canadá, “por ser posibles factores que afectaran la competencia de los crudos pesados en la Costa Norte del Golfo de México”.

Para la elaboración de este trabajo, se gestionó conocer las versiones de las secretarías de Energía, con Héctor Escalante Loma, jefe de la Unidad de Comunicación Social; de Relaciones Exteriores, con Adela Montaño, de la Coordinación de Comunicación Social; de Economía, con Joaquín Álvarez, director de Información; de la Función Pública, con Moisés Ciriaco Salvador, director de Prensa; de Hacienda, con Jorge Juárez, subdirector de Medios; del Banco de México, con Claudio Guzmán, jefe de la Unidad de Comunicación Social; de Pemex y PMI, con Francisco Montaño, coordinador de Información; así como del precandidato Ernesto Cordero, con su actual colaborador Antonio Cervantes. Al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta de ninguno.

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“Ajustes de precio” internos

Los llamados “ajustes de precio” no sólo se dan en las ventas del crudo en el mercado internacional, también entre las subsidiarias Pemex Exploración y Producción (PEP) y PMI Comercio Internacional, revela la fiscalización de la Cuenta Pública 2008, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación.

De acuerdo con el informe, “la emisión de los ajustes en precio se encuentran soportados por los términos y condiciones establecidas en el contrato de compraventa de petróleo crudo signado entre PEP y PMI, cláusula 6 ‘Precio’ y Anexo 2 ‘Precios y Periodos de Valoración’, así como en los convenios celebrados entre la partes”.

La Auditoría agrega que también en “la emisión de un procedimiento que establezca las actividades necesarias para realizar y elaborar la solicitud de ajuste de nota de crédito o débito por ‘ajuste en precio’ no resulta en un impacto normativo en el proceso de comercialización de petróleo crudo, en virtud de que dichos ajustes en precio no son ‘negociables’ y su cálculo se determina por la aplicación de los esquemas de valoración contractuales y acordados entre las partes”.

Según explicaron funcionarios de PEP a la Auditoría Superior, “las causas principales de tales ajustes son la aplicación de precios estimados en los cierres mensuales, los precios provisionales en las valoraciones especiales y los cambios en los precios de los crudos marcadores”.

La Corte avala entrega del petróleo a trasnacionales

Con la celebración de “contratos integrales”, Pemex entregará el control del petróleo mexicano a las trasnacionales como no sucedía desde la expropiación de 1938. Ayatzil –el único campo gigante descubierto hasta ahora– es el principal activo que el gobierno de Calderón ofrecerá a los extranjeros. Además, obsequiará el mapeo de los yacimientos petroleros del país iniciado en 2009 y que concluirá en 2012. Tan sólo este proyecto representa un costo al erario por más de 12 mil millones de dólares. El esquema –ya avalado por la Suprema Corte, aunque se duda de su constitucionalidad– no revertirá la caída de las exportaciones ni aumentará la producción de crudo, pero consumará las exigencias de Estados Unidos por privatizar el energético mexicano

Mayela Sánchez / Nancy Flores

En el año electoral de 2012, Petróleos Mexicanos (Pemex) licitará los primeros contratos integrales de servicios para exploración y producción en aguas profundas, según los planes de su director, Juan José Suárez Coppel. Con estas contrataciones –iniciadas formalmente este año en el campo terrestre de Chicontepec, Veracruz– el gobierno federal cederá los bienes de la nación a la iniciativa privada, sobre todo de origen extranjero.

Como no ocurría desde 1938, los contratos permiten a la paraestatal asociarse con las trasnacionales para que éstas, de manera independiente, exploren y exploten los energéticos. Así, Pemex cede el control total del petróleo mexicano a las corporaciones que, a cambio, recibirán pagos de tarifas por barril localizado o extraído.

Aunque el esquema fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 2 de diciembre de 2010, es inconstitucional, considera el doctor en derecho Daniel Márquez Gómez.

El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica que la Constitución Política establece con claridad el dominio directo del Estado sobre una serie de bienes y, en particular, sobre los hidrocarburos.

Márquez Gómez cita el artículo 27, que indica: “Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales (…) tratándose del petróleo y los carburos de hidrógenos sólidos, líquidos y gaseosos no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”.

Por ello, dice, los contratos integrales de servicios para exploración y producción de hidrocarburos son inconstitucionales. “No es porque lo diga la Ley de Pemex o porque lo diga la Suprema Corte de Justicia como se logra la constitucionalidad de esta clase de contratos”.

Agrega que “la prohibición es totalmente clara: no se pueden dar contratos ni subsistirán los que, en su caso, sean otorgados. Es decir, que si había algún contrato vigente, por disposición constitucional deja de tener efectos”.

El investigador explica que la nación, el pueblo políticamente organizado, es la única facultada para llevar a cabo la explotación de esos productos. El problema, dice, es que la Ley de Pemex –que aprobó el Congreso de la Unión en 2008– establece un régimen de excepción para la petrolera, al margen de la ley suprema.

Márquez Gómez señala que, de acuerdo con el artículo 28, Pemex debe ser autosuficiente y atender la prohibición de dar concesiones y contratos, pues sólo la paraestatal está en facultad de ejercer las labores de exploración y explotación de los hidrocarburos. “Traer empresas extranjeras o mexicanas a realizar actividades en esas áreas implica, en mi opinión, violar la Constitución”.

El doctor en derecho critica la actuación del Congreso y de la SCJN ­–que resolvió calificar como constitucional el reglamento de la Ley de Pemex, en el cual se basan los contratos integrales–, pues esta última “no puede sobrepasar” la Constitución: sólo debe interpretarla.

Ni la Ley de Pemex ni su reglamento, detalla, fundamentan el acto de autoridad: “Toda legislación debe justificar el beneficio que se genera a la nación. La explotación per se de los hidrocarburos y el otorgar esa explotación a empresas extranjeras o mexicanas incumplen con el requisito constitucional de beneficio a la población”.

Por ello, Márquez Gómez –quien imparte la cátedra Regímenes Constitucionales Contemporáneos en la Facultad de Derecho de la UNAM– considera que la Suprema Corte debió entender el carácter sustantivo del proyecto de nación, basado en el artículo 39 constitucional: “Todo poder dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”; y no avalar que en la ley se privilegien intereses privados.

La diputada petista Laura Itzel Castillo Juárez, secretaria de la Comisión de Energía, considera que la validación de la SCJN a un reglamento inconstitucional forma parte de una serie de acciones concatenadas que, desde 2008, buscan facilitar la entrega de los recursos petroleros a particulares.

Sin embargo, Miriam Grunstein Dickter, investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, señala que no hay visos de privatización en los contratos integrales de Pemex.

Según la doctora en letras hispánicas y lusobrasileñas y especialista en temas energéticos, ni la resolución de la Corte ni la Ley de Pemex, ni el reglamento ni los contratos son inconstitucionales, pues se trata sólo de una prestación de servicios, cuyo riesgo tiene que asumir la paraestatal petrolera.

Grunstein Dickter considera que estas contrataciones son insuficientes y que el gobierno mexicano debería permitir los contratos de riesgo en las áreas estratégicas que hasta ahora prohíbe la Constitución mexicana.

En su página de internet, Pemex Exploración y Producción (PEP) indica que los contratos integrales “buscan incrementar la capacidad de ejecución de Pemex para generar valor económico, a través de un esquema rentable y competitivo bajo mecanismos de contratación simples y flexibles”.

La legisladora Castillo explica que estos modelos de contrato que aprobó el Consejo de Administración de Pemex no sólo son inconstitucionales, sino que exceden la propia normatividad en la que se basan. En éstos se establece el pago a través de “tarifa por barril”, que no se establece en el reglamento.

Falsa solución

Lejos de remediar la caída en las reservas, en la producción y en las exportaciones, los contratos integrales sólo representarán la apertura total del sector a la iniciativa privada y multimillonarios negocios para las trasnacionales energéticas.

El problema petrolero en México es geológico, explica el maestro Fabio Barbosa Cano, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Por ello, estos nuevos esquemas no aumentarán la producción de crudo.

El experto en reservas de hidrocarburos detalla que entre 2001 y 2009 se ha perforado un número de pozos de exploración igual que en el periodo del auge petrolero (1977-1985). Esto demuestra que “la caída de la producción mexicana no se debe a insuficiencia de exploración, sino a un problema geológico”.

Datos de la paraestatal indican que, en esos nueve años, se gastaron entre 90 mil millones y 135 mil millones de pesos del erario en trabajos de exploración para inventariar el potencial del país. El promedio anual de la inversión reportada por la subsidiaria PEP fue de 10 mil millones a 15 mil millones de pesos.

Barbosa Cano dice que, mientras en las décadas de 1970 y 1980 las zonas geológicas más esplendidas estaban vírgenes, hoy la geología sólo puede ofrecer yacimientos muy pequeños, dispersos, profundos y de crudo muy pesado. “Esta realidad no la puede modificar ningún cambio en la forma de contratación”.

Refiere que un dato duro para entender la problemática lo proporciona la tasa de éxitos en la exploración (que es la relación de pozos perforados contra los pozos exitosos). Indica que mientras en el pasado se descubrieron varias docenas de campos gigantes y otros clasificados como “importantes” (más de 100 millones de barriles de crudo por campo), ahora el promedio de crudo descubierto es de ocho barriles por nuevo campo.

Para Barbosa Cano, la aplicación de nuevas tecnologías, que se prometen con los contratos integrales, tampoco modificará esa realidad. “En el supuesto de que se aplicara exitosamente, los resultados serían incrementos muy pequeños que no podrían revertir la caída de las exportaciones”.

Respecto de la rehabilitación de campos viejos o maduros, como los llama Pemex, dice que no puede esperarse mucho. “La inyección de nitrógeno como recurso para mantener la presión en los campos gigantes más importantes del Sureste mexicano ha fracasado totalmente. Ello puede constatarse con un simple vistazo a las estadísticas: el complejo Bermúdez producía, redondeando las cifras, 140 mil barriles diarios antes del experimento; a la fecha, después de que se han gastado millones de dólares para la licuefacción e inyección de nitrógeno que realiza la empresa texana Praxair, la producción ha caído a menos de 80 mil barriles diarios (cifras del segundo semestre de 2010)”.

El investigador señala que no existe ningún dato que permita esperar que la contratación de nuevas empresas modifique las tendencias de los últimos 10 años. “Aunque todavía existen volúmenes importantes de petróleo en México –el crudo post Cantarell–, en modo alguno permitirán revertir la caída de la producción y regresar a la abundancia y el derroche del pasado”.

Con el nuevo tipo de contratos, el gobierno federal fracasará en su intento de mantener el nivel de exportaciones de crudo (o amortiguar la tasa de descenso), considera Fabio Barbosa. Añade que es previsible que las empresas trasnacionales exijan se les amplíen las concesiones que el modelo actual de contrato les otorgará.

“El esquema de asociación, de eso se trata el nuevo tipo
de contrato integral, sólo podría funcionar en áreas como las aguas profundas. En los primeros campitos que Pemex licitará, como Carrizo o Sánchez Magallanes –éste descubierto en el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines–, serán fracasos rotundos.”

El inventario, para las trasnacionales

Con los contratos integrales, Pemex cederá el inventario de las reservas y los mapas de los campos petroleros derivados del trabajo de exploración, realizado entre 2009 y 2012, a las trasnacionales que ganen las licitaciones.

De acuerdo con el programa de inversión de la paraestatal, en ese periodo se destinará un total de 12 mil 233 millones de dólares a la exploración en tierra y en aguas someras y profundas. Los recursos saldrán del erario y tendrán como fin restituir la tasa de reservas de hidrocarburos.

De 2001 a 2009, el trabajo exploratorio localizó en la Sonda de Campeche el yacimiento Ayatzil, el único campo gigante descubierto hasta ahora. Éste es el principal activo que el gobierno del panista Felipe Calderón ofertará a los extranjeros con los nuevos contratos de asociación. “En los últimos 10 años, sólo se ha descubierto un nuevo gigante: Ayatzil”, refiere Fabio Barbosa Cano.

Con los contratos integrales, “se privilegiaron los intereses empresariales en la norma, como sucedió cuando se aprobó la Ley de Pemex en 2008. A nadie parece importarle la nación: al Congreso de la Unión no, por aprobar una ley a todas luces contraria a la Constitución; al Ejecutivo tampoco, por impulsar esa ley y sus reglamentos. Ni siquiera a la Suprema Corte, que expide una decisión que a todas luces contraría el contenido de la norma que, como tribunal constitucional, debe tutelar: la Constitución”, señala el doctor en derecho Márquez Gómez.

México importa petrolíferos por 690 mil MDP

La reconfiguración de las refinerías de Pemex fracasó. Fox y Calderón gastaron más de 160 mil millones de pesos en instalaciones que no pueden operar al ciento por ciento de su capacidad. Mientras, sólo en lo que va del actual gobierno México ha tenido que importar petrolíferos por un monto que ya supera los 690 mil millones de pesos. No es todo: Suárez Coppel anuncia inversiones en empresas refinadoras de Estados Unidos, y Deer Park –una sociedad entre Pemex y Shell similar a las que se impulsarán en 2011– reporta pérdidas multimillonarias

El pasado 1 de diciembre, Juan José Suárez Coppel reveló que Petróleos Mexicanos (Pemex) buscará asociarse con refinerías estadunidenses para reducir el volumen de gasolina importada al país. Según el director general de la paraestatal, resulta más cara su construcción que el esquema de las sociedades.

Mientras la cúpula de la petrolera analiza los nombres de las empresas con las cuales se darán las asociaciones, la refinería Deer Park –ubicada en Houston, Texas, y que Pemex posee en sociedad con Shell– reporta pérdidas multimillonarias y la Secretaría de la Función Pública detecta irregularidades en las obras de modernización de la refinería Tula.

Más aún, tan sólo en lo que va del actual gobierno, la importación de gasolina, diésel y otros productos petrolíferos ha implicado un gasto superior a los 690 mil millones de pesos. De acuerdo con informes oficiales, las erogaciones en 2007 ascendieron a 151 mil 841 millones, y en 2008, 2009 y 2010, a más de 180 mil millones de pesos por año.

La cifra global habría alcanzado para construir 5.35 refinerías Bicentenario, cuyo costo se calcula en 129 mil millones. Esta obra, que sería la última que se edifique en territorio mexicano, generará más de 40 mil empleos directos e indirectos durante su construcción y 1 mil 400 empleos permanentes en su operación.

El monto de las importaciones también significa 4.31 veces la inversión que la petrolera mexicana y su subsidiaria Pemex Refinación han destinado, en una década, a la reconfiguración y modernización del Sistema Nacional de Refinación, integrado por seis complejos.

De acuerdo con la paraestatal, en 10 años el costo por obras relacionadas con el Proyecto Global de Reconfiguraciones, para tres refinerías (Cadereyta, Madero y Minatitlán), asciende a más de 13 mil millones de dólares (160 mil millones de pesos, a un tipo de cambio de 12.37 pesos por 1 dólar, establecido por el Banco de México para la jornada del 3 de diciembre de 2010).

En su página de internet, Pemex asegura que el plan de reconfiguración tiene como meta incrementar la capacidad de las seis refinerías. “De no aumentarla, para 2015 las importaciones [sólo de gasolina] podrían alcanzar 489 miles de barriles diarios, es decir la mitad de la demanda nacional”.

No obstante la multimillonaria inversión del Proyecto, ninguna de las seis refinerías opera al ciento por ciento de su capacidad, admite la propia paraestatal.

Durante la conferencia telefónica Resultados de Pemex al 30 de junio de 2010, el director corporativo de Operaciones, Carlos Murrieta Cummings, reveló algunos de los factores que impiden explotar la capacidad total de los complejos: mantenimientos que fueron diferidos de periodos anteriores y que se revisaron en el periodo reportado; mantenimientos correctivos de plantas no previstos durante el periodo enero-junio y mantenimientos realizados de acuerdo con los ciclos programados en el periodo.

A decir del funcionario, en el segundo trimestre de 2010, la capacidad utilizada de destilación disminuyó de 82 a 81 por ciento, debido principalmente a fallas de energía eléctrica en las refinerías de Madero y Tula. Todos los complejos tuvieron afectación por ese mismo motivo, dijo.

El 30 de julio pasado, Murrieta Cummings también reconoció que la producción de petrolíferos disminuyó de 1 millón 430 mil a 1 millón 417 mil barriles diarios, como resultado del menor proceso de crudo.

La Coalición Petrolera Independiente, AC, advierte que Pemex intensifica su “política” para desmantelar las subsidiarias. En el caso del Programa de Reconfiguraciones, señala que no ha dado resultados en ninguna de las refinerías, pues los trabajos sólo han beneficiado a empresas privadas. Una auditoría de la Función Pública confirma que, en el caso de la refinería Tula, la modernización no ha derivado en una mayor capacidad.

Mario Ross García, trabajador de la paraestatal y líder de dicha Coalición, indica en entrevista que hay “connivencia” entre la paraestatal y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que dirige Carlos Romero Deschamps. Este último, dice, ha firmado convenios de liquidación para terminar la relación laboral con trabajadores de áreas estratégicas sindicalizados. Las plazas son canceladas y las áreas, cedidas a las trasnacionales.

Inversiones en Estados Unidos

El Proyecto Global de Reconfiguraciones –aprobado en 1997 y ejecutado a partir de 2001– no sólo se ciñe a la modernización de la infraestructura ya creada, sino que promueve nuevas construcciones: “Para producir la gasolina que se requerirá, en 20 años, en México será necesario, además de la reconfiguración de las refinerías existentes, poner en operación una nueva refinería cada tres o cuatro años”.

Hasta hace no mucho tiempo, los directivos de la paraestatal consideraban prioritario ese plan, porque “Pemex importa cuatro de cada 10 litros de gasolina que consumimos en el país, a un costo superior a los 10 mil millones de dólares al año [123 mil 700 millones de pesos]. Por si fuera poco, además del costo que representa, el hecho de importar gasolinas se traduce en que México esté financiando empleos e inversiones en el exterior, que podrían generarse internamente”.

Ahora, la administración de Suárez Coppel abandona el Programa Global de Reconfiguraciones para impulsar inversiones en Estados Unidos. Los esquemas de asociación con trasnacionales que impondrá la cúpula del Corporativo no sólo no son nuevos, sino que son ineficaces.

Deer Park Refining Limited Partnership es una sociedad al 50 por ciento entre PMI Norteamérica –filial privada de Pemex– y Shell. Ubicada en Texas, Deer Park sólo representa ganancias para la trasnacional. Entre otros beneficios, permite a Shell adquirir todos los productos resultantes de esa refinería, con base en el Acuerdo de Transferencia de Productos, firmado el 31 de marzo de 1993.

Contrario a ello, la copropiedad le reporta números rojos a PMI Norteamérica, y por consiguiente a Pemex. Tan sólo en 2008, la filial registró una pérdida bruta de 2 mil 208 millones 700 mil pesos relacionados con su operación.

Pemex asegura que el multimillonario déficit “se obtuvo al considerar sus ingresos por la venta de productos refinados a Shell (único cliente), menos el costo de ventas, que incluyó la cuota de procesamiento pagada a Deer Park, comisiones y gastos (fees & expenses) y fletes marítimos, en los que la compañía incurrió para poder realizar sus operaciones de la refinación de petróleo crudo”.

De acuerdo con el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, de la Auditoría Superior de la Federación, en el Estado de resultados de PMI Norteamérica se constató que “el costo de ventas fue superior en 2.9 por ciento sobre los ingresos obtenidos en el año.

“La Gerencia de Control Presupuestal de Pemex mencionó que lo anterior ocurrió como consecuencia de la caída de precios del petróleo durante el segundo trimestre de 2008, lo que ocasionó un desfase en el precio de venta de barril refinado, el cual fue menor que la suma del barril crudo comprado con sus costos incurridos.”

Irregularidades en obras

Pese a esas evidencias, el esquema de sociedades que se dará en 2011 –según los planes de la Dirección Corporativa de Pemex– pondría en riesgo, aún más, la capacidad de las refinerías en México.

Y es que, hasta ahora, la petrolera ha sido incapaz de resolver los problemas de su Sistema Nacional de Refinación. Así lo revela la auditoría 35/2009, realizada por el Órgano Interno de Control en Pemex Refinación, aplicada a la Subdirección de Producción de la Refinería Miguel Hidalgo, Tula de Allende, Hidalgo.

De acuerdo con la auditoría, cuya copia posee Contralínea, en el último trimestre de 2009 se observó la “reducción de la rentabilidad y utilización de la planta productiva de la refinería, con motivo de la conversión de la planta H-OIL hidrodesulfuradora de residuales a hidrodesulfuradora de gasoleos de vacío”.

Además, señala que, “al 15 de diciembre de 2009, la planta H-OIL como hidrodesulfuradora de gasoleos de vacío sólo opera con un tren, el cual tiene la capacidad de 25 MBD [miles de barriles diarios], ya que el otro tren ha presentado fallas desde su conversión, lo que pudiera haber provocado que se continúe importando gasolina Magna UBA”.

La auditoría revela que “en el informe presentado al Consejo de Administración, se especificó una inversión para la ejecución del proyecto de 28 mil 800 millones de dólares, incluyendo un catalizador y que se tendría un valor presente neto de 31 mil millones de dólares y una tasa interna de retorno de 51 por ciento, por lo que la inversión se recuperaría en dos años, aproximadamente. Sin embargo, en el análisis de costo beneficio del 17 de diciembre de 2007 se planteó una inversión de 23 millones 938 mil dólares, el valor presente neto de 5 mil 743 millones de dólares y una tasa interna de retorno de 32.83 por ciento, por lo que se esperaba una recuperación de la inversión en tres años aproximadamente, situación que se considera aclarar tomando en cuenta que al 15 de diciembre de 2009 no se ha cumplido con ninguna de las metas planteadas, contraviniendo lo presentado al Consejo de Administración”.

Para la elaboración de este trabajo, se solicitó conocer la opinión de Petróleos Mexicanos, a través de Francisco Montaño, coordinador de Información y Prensa. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.

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Represión en Pemex

En agosto de 2010, María Concepción Covarrubias destinó sus vacaciones a una huelga de hambre por la justicia sindical en Petróleos Mexicanos (Pemex).

La agremiada al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, integrante de la Coalición Petrolera Independiente y trabajadora de Pemex Gas y Petroquímica Básica, pasó 17 días instalada en el Zócalo de la ciudad de México sin probar alimentos. Perdió 11 kilogramos y enfrentó dos crisis por descompensación.

La mujer de 51 años pedía que se respetara la resolución del expediente 610 y del recurso de amparo 530, dictado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en agosto de 2009, para reponer las elecciones de 2007 que Carlos Romero Deschamps ganó de “manera ilegal”.

Madre soltera de tres jóvenes, María Concepción también solicitaba que se revisara el destino de las cuotas sindicales y se evitara que éste fuera el pago del Pemexgate. Además, que se retiraran las empresas extranjeras del sector energético y se le diera oportunidad a los mexicanos.

En su pliego petitorio exigía equipo para ella y para sus compañeros, pues “con el pretexto de que no tenemos los implementos necesarios no nos dejan trabajar. Así es como justifican la presencia de las trasnacionales en el Sistema Nacional de Refinación”. También, requería recursos para impulsar los trabajos tecnológicos del Instituto Mexicano del Petróleo.

A cambio, lo que recibió en septiembre pasado fue una incapacidad que no le ha permitido regresar a sus labores. Según sus jefes inmediatos, ella padece una enfermedad mental. “Me reincorporé el 20 de septiembre. Al siguiente día, Sergio Dorberker Rojano, representante sindical de la Sección 15, llegó acompañado de Felipe Escamilla. Traían mi pase de salida para llevarme al hospital. Yo no podía negarme a salir de las instalaciones de Pemex”.

María Concepción cuenta que el pretexto fue hacerle una evaluación médica a la que todos los trabajadores son sometidos, según mandan los estatutos gremiales. “De ahí, me mandaron al neurólogo y luego al siquiatra. Dicen que estoy loca, pero eso será por exigir mis derechos laborales. Desde entonces no me dejan trabajar”.

María Concepción es obligada a acudir cada semana al siquiatra para que le renueven la incapacidad. El médico, sin embargo, aún no le diagnostica enfermedad alguna. Ella alega ser víctima de represión laboral: “Me quieren jubilar a fuerza para que ya no exija mis derechos”.

No obstante, asegura: “Voy a seguir en la lucha para dejar a mis hijos y a mis nietos un mejor país. No se vale que a Pemex lo estén quebrando a propósito. No lo vamos a permitir. El dinero del pueblo que se le quede al pueblo”.

Contralínea pidió a la Gerencia de Comunicación Social su versión respecto del caso de Covarrubias. Hasta el cierre de edición, la petrolera no dio respuesta.

Pemex Refinación, el negocio de los barcos

Sin licitación de por medio, Pemex Refinación comprará en breve cinco buques tanque por más de 2 mil 700 millones de pesos. La adquisición beneficiará a empresas intermediarias, denuncian armadoras trasnacionales que quedaron fuera de la restringida invitación. Mientras la Secretaría de la Función Pública busca que se realice una puja para abaratar los costos, la administración de Suárez Coppel negocia ya los precios de los barcos

La más importante licitación pública internacional de Pemex Refinación en 2010 –la R0-LP-906-001, que comprometía recursos públicos por 200 millones de dólares (equivalentes a más de 2 mil 700 millones de pesos)– se declaró desierta el pasado 8 de octubre tras protagonizar un cuestionado proceso.

De acuerdo con las bases, ésta tenía como fin adquirir “hasta cinco buques tanque de doble casco, con año de terminación de construcción de 2007, 2008, 2009 o 2010, para efectuar el transporte de productos petrolíferos de un importe mínimo de 40 mil toneladas de peso muerto, a precio fijo”.

Esas mismas bases impidieron la participación de las compañías que producen y son dueñas de las embarcaciones ofertadas, denuncian fuentes de la propia paraestatal y representantes de armadoras trasnacionales, quienes califican el proceso como “amañado”.

Cinco días después de declararlo desierto, el 13 de octubre, la Dirección General de Petróleos Mexicanos (Pemex), que encabeza Juan José Suárez Coppel, habría encargado directamente a su filial PMI Comercio Internacional buscar y localizar los navíos con los requerimientos técnicos establecidos en la licitación, revelan las fuentes de la paraestatal que solicitan el anonimato.

Indican que la petición se habría hecho con el objeto de realizar la compra de los buques tanque antes de cerrar el año fiscal 2010, y así no perder el presupuesto asignado por la Cámara de Diputados. Ello, sin que se haga de nueva cuenta la convocatoria pública internacional: ahora, los contratos se asignarán por invitación restringida.

La urgencia de la paraestatal no sólo se debe al presupuesto: a lo largo de este año, Pemex Refinación ha dado de baja seis embarcaciones (las arrendadas Potrero del Llano 2, Choapas 2, Amatlán 2, Faja de Oro 2; y las de su propiedad, Guadalupe Victoria 2 y Tulum), por considerarlas obsoletas. Ello, con base en un plan de sustitución de infraestructura realizado por la petrolera mexicana.

A finales de octubre, PMI Comercio Internacional ya habría proporcionado, tanto a la Dirección General de Pemex como a la Subdirección de Distribución de Pemex Refinación, un listado de ocho buques tanque que oferta principalmente la intermediaria (o broker) RS Platoua.

Con base en ese listado, el pasado 22 de noviembre la subsidiaria habría mandado invitaciones restringidas a ésa y a otras brokers, que competirán de manera restringida para agenciarse los contratos.

A decir de los funcionarios consultados por Contralínea, al declarar desierto el concurso público internacional, Pemex Corporativo y Pemex Refinación garantizaron un rentable negocio a las intermediarias, que obtendrán entre 10 millones y 20 millones de dólares de ganancias por cada barco.

Sobrecostos

Los sobrecostos no serían sólo suposiciones de quienes quedaron fuera del proceso licitatorio R0-LP-906-001. De acuerdo con el acta del fallo, la única oferta que cumplió con los requisitos establecidos por las bases de la licitación registró un sobreprecio del 38.6 por ciento.

Se trató del barco Histria Azure, presentado en esta convocatoria pública internacional por la intermediaria mexicana Apoyos en Servicios Administrativos del Golfo, SA de CV, con un costo final para Pemex Refinación de 43 millones 346 mil 608 dólares.

No obstante, el valor actualizado de dicha embarcación asciende a 31 millones 275 mil 301 dólares, revela la investigación de precios realizada por la propia Gerencia de Administración Marítima y Portuaria de la subsidiaria.

El plan de sustitución de infraestructura de Pemex –que observa la necesidad de comprar 20 buques con características similares– también establece un rango de costos, y como precio máximo estima 35 millones de dólares por embarcación.

Los representantes de las armadoras extranjeras indican que si Pemex Refinación comprara los buques sin involucrar a terceros, podría ahorrar a las finanzas públicas de México hasta 20 por ciento del costo.

Critican que la participación de brokers no sólo evita obtener los mejores precios para la paraestatal, sino que, adicionalmente, distorsiona el mercado: genera artificialmente una demanda extraordinaria de buques tanque.

Pero en esta compra, las armadoras y dueñas de los buques no estuvieron y no estarán invitadas. Ninguno de sus representantes fue convocado el pasado 22 de noviembre al restringido proceso que, en breve, otorgará los multimillonarios contratos.

De la licitación, también quedaron fuera. Sólo una de las 19 empresas que compraron las bases es extranjera, pero no se trata de un astillero propietario de barcos, sino de una broker trasnacional.

Una puja, “la solución”

Mientras las administraciones de Suárez Coppel, en Pemex Corporativo, y de Miguel Tame, en Pemex Refinación, buscan adjudicar lo antes posible los contratos de adquisición de los cinco buques tanque, la Secretaría de la Función Pública (SFP) trata de negociar que el proceso se lleve a cabo como una puja comercial, para abaratar los costos.

Fuentes de la dependencia encargada de salvaguardar el erario indican que las negociaciones se están llevando al más alto nivel, pues el mercado de las embarcaciones es muy cerrado y los competidores suelen ponerse de acuerdo en los precios.

Refieren que la propia SFP cuenta con un área de análisis de mercado, donde se estudiaron los precios que se ofertaron a lo largo de la licitación, y coinciden en la detección de sobrecostos.

La puja, dicen las fuentes, “reventaría” las deficiencias del mercado y posibilitaría a la paraestatal obtener mejores precios no sólo en esta compra, sino en las futuras. Sin embargo, se muestran escépticos ante las negociaciones, porque “hay demasiados intereses” en ese negocio.

Respecto de la próxima adjudicación directa, que implicará recursos públicos por más de 2 mil 700 millones de pesos, explican que se tratará de un proceso lícito, puesto que Pemex Refinación requiere de esa infraestructura y la ley contempla la invitación restringida después de que se declara desierta la licitación pública.

Acerca de la invitación a brokers, justifican que no todas las armadoras venden de forma directa los barcos. No obstante, critican que, en Pemex, “quienes hacen los negocios son las brokers de las brokers”.

Las irregularidades

Aunque al darse el fallo de la licitación no estuvo presente ningún representante de la Función Pública, salvo el asignado por el Órgano Interno de Control en Pemex Refinación, la dependencia obligó a la paraestatal y a la subsidiaria a declarar desierto el proceso, debido a las irregularidades detectadas, indican las fuentes.

Entre otras anomalías, destaca que todas las ofertas omitieron entregarse en sobre cerrado, lo que constituyó una violación al artículo 134 constitucional y a las bases de la licitación. Además, que la filial privada de Pemex, PMI Norteamérica, estaba impedida para participar en el proceso.

Para la elaboración de este trabajo, se solicitó conocer la posición de Petróleos Mexicanos. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.