Por "guerra", gobierno federal gasta 255 mil MDP en “seguridad nacional"

El gobierno de Calderón habrá gastado 255 mil millones de pesos en seguridad nacional al término de 2011, revelan tres estudios de la Cámara de Diputados. De ésos, la Sedena y la Marina habrán destinado 174 mil millones exclusivamente a las acciones represivas “en campo”. Delincuencia organizada, narcotráfico, guerrilla, terrorismo y vulnerabilidad de las fronteras, las amenazas que la administración federal intenta “anular”. El monto, el más grande que se haya destinado a este rubro desde la Revolución Mexicana, alcanza ya casi medio punto porcentual del PIB y significa el 250 por ciento del presupuesto total federal para todas las universidades  e instituciones de educación superior públicas en un ejercicio fiscal

Primera de cuatro partes

En cinco años de “guerra” contra las drogas, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa habrá gastado 255 mil 108 millones 280 mil pesos en acciones supuestamente destinadas a “garantizar” la seguridad y la soberanía nacionales. El monto significa el 247 por ciento del presupuesto total 2011 para la educación superior, de 103 mil 267 millones; o, el 533.91 por ciento del total de recursos federales destinados a promover la ciencia y la tecnología: 47 mil 781 millones.

Para la administración federal, la prioridad en este tema es “anular” cinco amenazas: la delincuencia organizada, el narcotráfico, la guerrilla, el terrorismo y la vulnerabilidad de las fronteras, indica el Programa para la seguridad nacional (2009-2012). El promedio de gasto anual durante el gobierno de Felipe Calderón oscila entre el 0.40 y el 0.43 por ciento del producto interno bruto.

No obstante, las ciudades fronterizas de México en el Norte y el Sur son tierra de nadie mientras que, a lo largo del país, los delincuentes imponen su ley y sus impuestos. Aunque miles de ciudadanos exigen el fin de la violencia, la tendencia económica de la “guerra” contra el narcotráfico revela que el multimillonario financiamiento a la represión institucional va en ascenso.

Y es que, desde su inicio, el gobierno panista privilegia las acciones de violencia respecto de las labores de inteligencia y estrategia, revelan tres estudios elaborados por el Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados.

De los más de 255 mil millones de pesos presupuestados para la seguridad nacional entre 2007 y 2011, las tácticas de guerra habrán consumido 174 mil 756 millones 800 mil pesos, mientras que la inteligencia apenas rebasará los 20 mil millones de pesos, se desprende de los análisis El presupuesto público federal para la función soberanía nacional, 2007-2009; El presupuesto público federal para la función seguridad nacional, 2009-2010; y El presupuesto público federal para la función soberanía nacional, 2010-2011.

Samuel González Ruiz, experto en temas de seguridad y narcotráfico, y académico en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indica que “el problema de la delincuencia organizada no es la enfermedad, es el síntoma de un padecimiento más grave que se llama debilidad del Estado. Esta debilidad no sólo se ve en la delincuencia organizada, sino en varios factores, como en la lucha de los grupos por el poder de las telecomunicaciones, en la falta de control de la actividad de corrupción, en que las campañas políticas no están controlando los flujos de capital y en que [los partidos] hacen lo que quieren”.

Sedena, el mayor gasto

La participación de las Fuerzas Armadas en la defensa de la seguridad y soberanía nacionales consiste en garantizar la integridad del territorio mexicano, del mar patrimonial y de las instalaciones estratégicas del país, aseguran los informes de la Cámara de Diputados.

También revelan que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es la institución que más recursos destinará al combate frontal en campo. En los cinco años del actual gobierno, la dependencia que encabeza el general Guillermo Galván Galván sufragará 128 mil 468 millones 400 mil pesos para operaciones directas contra las amenazas a la seguridad y soberanía de México.

Entre 2007 y 2011, la “defensa de la integridad, la independencia y la soberanía del territorio nacional” sumarán erogaciones por 112 mil 858 millones 610 mil pesos; al tiempo, las “acciones de vigilancia en el territorio nacional” de los militares implicarán gastos por 15 mil 609 millones 790 mil.

De acuerdo con los informes de la Cámara de Diputados, el presupuesto asignado para salvaguardar la seguridad nacional sirve para combatir el tráfico ilícito de drogas y la delincuencia organizada por mar, aire y tierra (terrorismo, contrabando, piratería, tráfico ilegal de personas, armas, estupefacientes y sicotrópicos).

Además, para apoyar al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en colaboración y coordinación con la Armada de México, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública; proporcionar seguridad a las instalaciones vitales del país mediante la cobertura aérea, terrestre y anfibia del territorio nacional; preservar la seguridad nacional del Estado, para que todos los mexicanos vean realmente protegida su integridad física, de su familia y su patrimonio en un marco de convivencia social armónica; proporcionar ayuda a la población damnificada durante cualquier tipo de desastre, auxiliando a la población, salvaguardando la vida y los bienes de las personas o en la reconstrucción de las áreas afectadas por estos acontecimientos; y reforestar el país.

Los gastos de la Marina

Los análisis parlamentarios destacan que, además de las operaciones directas, el sistema de seguridad nacional realiza labores de inteligencia, de diálogo y negociación para la resolución de conflictos e impulsa medidas de carácter preventivo para atender a la población ante desastres naturales.

Sin embargo, el mayor gasto se concentra en las acciones de “guerra”. “Emplear el poder naval de la federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales” es el rubro con el que la Secretaría de Marina Armada de México justifica los gastos de sus tácticas represivas, y el que, entre 2007 y 2011, implicará erogaciones por 46 mil 288 millones 400 mil pesos.

Los multimillonarios presupuestos que mantienen a la Sedena y la Marina en las calles contrastan con la violencia que asola al país. El Estado mexicano pierde a diario el control territorial, con evidencias recientes como las exhumaciones de más de 300 cadáveres en narcofosas ubicadas en Tamaulipas y Durango, en abril y mayo de este año.

El maestro en ciencias penales Delio Dante López Medrano, académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la UNAM, explica que “cuando hablamos de drogas no estamos hablando más que de un simple problema de salud, a lo sumo, porque incluso ahí tendríamos que ver el ámbito de decisión personal. Pero cuando nos dicen que es un problema de seguridad nacional y se actúa en consecuencia, como si fuera algo real, tenemos consecuencias terribles para 40 mil vidas y sus familiares”.

En efecto, desde que se inició la “guerra” contra las drogas, más de 40 mil personas han sido asesinadas en México. Hasta ahora, las autoridades federales no han esclarecido el número de civiles inocentes abatidos no sólo en fuego cruzado, sino en retenes militares.

Ese saldo mortal no ha implicado el cese del negocio de las drogas. El Departamento de Estado de Estados Unidos acusa, en su International narcotics control strategy report 2011, que México es, a la vez, un importante país de tránsito y de origen de drogas ilícitas.

“Aproximadamente el 95 por ciento del flujo estimado de cocaína que llega a Estados Unidos transita desde América del Sur por el corredor Centroamérica-México. Este último también es un importante proveedor de heroína, mariguana y metanfetaminas para el mercado estadunidense. La mayoría de cultivos de drogas se produce en las zonas rurales del Oeste de México, donde la detección y la erradicación de cultivos ilícitos son difíciles y la presencia policial es mínima.”

El patrullaje de los militares y marinos, cuyo costo se paga en miles de millones de pesos y que no alcanza para erradicar las drogas, tampoco ha debilitado las estructuras de los cárteles ni su capacidad de fuego. En su reporte Mexican drug war 2011, el centro de inteligencia estadunidense Stratfor asegura que los criminales mexicanos mantienen sus luchas por el control de los lucrativos puertos de entrada a lo largo de la frontera Norte de México y por las rutas estratégicas en el interior del país: Ciudad Victoria, San Luis Potosí, ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Durango, Torreón, Saltillo y Chihuahua.

“Algunas de estas zonas son importantes porque sus rutas se extienden a lo largo de las costas. Otras tienen un valor estratégico por las carreteras que las atraviesan, sobre todo aquéllas que conectan con la costa del Pacífico y los puertos de entrada en la frontera de Texas.”

Inteligencia, gasto menor

En México, cuatro dependencias federales son las encargadas de “garantizar” la seguridad nacional: la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Sedena y la Marina.

De acuerdo con los análisis de la Cámara de Diputados –elaborados por el investigador parlamentario Reyes Tépach–, de los más de 250 mil millones que se han presupuestado en este rubro para los ejercicios de 2007 a 2011, el 68.73 por ciento lo habrá ejercido la Defensa Nacional (175 mil 321 millones 510 mil pesos).

En segundo lugar está la Marina, cuyo gasto representa el 26 por ciento (66 mil 313 millones 250 mil). Luego, con el 4.3 por ciento, se ubica el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (10 mil 795 millones 180 mil); y la Presidencia, con el 0.55 por ciento (1 mil 407 millones 220 mil pesos).

El doctor en derecho Daniel Márquez, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dice que “hay que repensar este problema de la guerra contra el narcotráfico en todas sus dimensiones, porque Los Zetas se han convertido en el cajón de sastre para todo: hoy en día es muy fácil decir que Los Zetas asesinaron, mataron, hicieron… El narcotráfico se convirtió en una especie de escusa-justificación. Pero, ¿hasta dónde, detrás de esta guerra, se pueden ocultar fenómenos como, por ejemplo, escuadrones de la muerte, lucha social, guerrilla, terrorismo y fenómenos vinculados directamente con la propia delincuencia organizada?”.

El jurista agrega que “para nadie es ignorado que algunas personas en los gobiernos tienden a manejar dentro de los sótanos, dentro de las cañerías, aparatos de represión no institucionalizados que sirven para generar miedo en la población y para eliminar adversarios políticos incómodos para el sistema: personajes que, por sus características, quizás es más simple eliminarlos que someterlos a la exposición de un juicio”. Apunta también que, en el mundo, esta función se ha identificado en bastantes ocasiones con los servicios de inteligencia, tanto internos como externos.

En materia de labores de inteligencia, la Sedena es la institución que más recursos ejercerá: de 2008 a 2011, el gasto de la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa, a cargo del área de inteligencia y contrainteligencia militar, habrá erogado 9 mil 532 millones 550 mil pesos.

Le sigue el Cisen, que en ese mismo periodo habrá gastado 8 mil 49 millones 430 mil pesos. En tercer sitio está la Marina, institución que destinará al “desarrollo y dirección de la política y estrategia naval” un total de 2 mil 804 millones 530 mil. La Presidencia, por su parte, no ejercerá en todo el periodo ni un peso para esas labores.

El narcotráfico se debe atender de manera integral, señala el doctor José María Ramos, investigador en El Colegio de la Frontera Norte. Refiere que los gobiernos que han tenido éxito en sus estrategias antinarcóticos, como España, no han “confundido” el problema como asunto de seguridad nacional, sino que lo han enfrentado en el ámbito de la seguridad ciudadana, sobre todo con labores de inteligencia.

Aunque el investigador considera que esta administración tiene voluntad política para solucionar el problema del crimen organizado y la delincuencia, indica que las estrategias que ha seguido no cuentan con elementos para asegurar su efectividad. Ramos observa que, en primer lugar, ha faltado transparencia y fiscalización, elementos esenciales para corregir lo que está mal.

Añade que no hay ninguna experiencia internacional exitosa que se haya centrado exclusivamente en la parte reactiva policial-militar, como la que impulsa el gobierno federal: “El Ejército no puede solo; requiere preparación en aspectos legales, garantías individuales, investigación”.

También observa que se requiere “una efectiva gestión y coordinación intergubernamental en los tres niveles de gobierno, pero sobre todo en la parte federal: no ha habido una coordinación entre las tareas de investigación, de inteligencia del Cisen, la Policía Federal, el mismo Ejército, la Marina. Cada policía tiene su propia inteligencia y no hay una coordinación, no hay un hilo dorado que permita un combate integral a los diferentes grupos del crimen organizado”.

[RECUADRO]

Por cada militar en las calles, una sentencia firme cada tres años

En la “guerra” de Felipe Calderón contra el narcotráfico –que ha costado más de 40 mil vidas–, para obtener una sentencia firme por delincuencia organizada se necesita un militar cada tres años, señala el maestro en ciencias penales Delio Dante López Medrano.

Y es que, mientras datos del Consejo de la Judicatura federal indican que, de enero de 2007 a febrero de 2010, únicamente se han dictado 735 sentencias de última instancia por delincuencia organizada y 43 mil 849 por delitos contra la salud en todas sus modalidades, información de la Secretaría de la Defensa Nacional detalla que son 70 mil efectivos del Ejército los que diariamente “patrullan” las calles.

Una sentencia condenatoria es un criterio de efectividad: si se detiene a una persona y al final se obtiene la sentencia condenatoria, el procedimiento ha sido exitoso desde el punto de vista de la autoridad, explica López Medrano.

Agrega que, si se considera que la mayoría de las detenciones vinculadas a delitos federales como crimen organizado y narcotráfico las realizan militares, “resulta que necesitamos un soldado, un militar, para obtener una sentencia condenatoria cada tres años. Esto, notablemente, nos habla de ineficacia o inoperancia, cuando menos”.

El cálculo –explica el académico en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México– se obtiene de las tres variables: el número de militares en las labores de la “guerra” contra las drogas, el número de detenidos (que, a decir de las autoridades, supera los 121 mil) y el de sentenciados.

“Si relacionamos esas tres variables, nos da la aproximación, cerrando números, de que la actividad de un militar se va a traducir en una sentencia condenatoria cada tres años exactamente.”

López Medrano agrega: “Este dato nos habla de una absoluta ineficacia. Ahora, ¿a qué se debe esta ineficacia? Uno de los factores, desde el punto de vista técnico, es que los militares no están capacitados para recabar pruebas: al final de cuentas, lo que un juez va a analizar son pruebas. ¿Y por qué no están capacitados? Porque las pruebas que están atendiendo son básicamente dos: la confesión y los llamados testigos anónimos o testigos protegidos. Los testigos anónimos no son otra cosa que quienes dicen que parece que alguien traficó o que está metidísimo en las drogas. Ésa es una prueba muy endeble, y es prácticamente seguro que, al final del procedimiento, ésa no va a ser efectiva. Por eso hay índices tan bajos de éxito en cuanto a las sentencias condenatorias”.

Respecto de la confesión, el investigador dice que es común que los militares la obtengan con torturas. “Esto es muy obvio cuando nos presentan a los detenidos. Por lo tanto, van a ser pruebas que al final no van a ser eficaces”. Refiere que sólo dos de cada 100 serán condenados.

Por ello, detalla, “una persona que se va a dedicar al narcotráfico tiene más probabilidades de éxito que si usted y yo compramos un boleto para ganarnos la lotería. Las probabilidades de que él sea condenado son bajísimas. La criminología actuarial nos explica que las personas, en todos los ámbitos, realizan una operación de costo-beneficio. Aquí, haciendo el símil, la operación sería: si ingreso a las filas del narcotráfico, voy a tener un beneficio bastante alto, y mi costo, es decir las probabilidades de que me detengan, son muy bajas; por tanto, el costo-beneficio determina a las personas a ingresar en este tipo de actividades”.

[TABLAS]

Gasto anual en seguridad nacional por ramo (millones de pesos)

Ramo	2007	2008	2009	2010	2011	Totales
Sedena	29,893.64	30,369.91	38,560.92	35,305.89	41,191.15	175,321.51
Marina	10,678.31	11,861.26	14,085.22	13,972.96	15,715.5	66,313.25
Gobernación	1,593.34	1,270.49	2,379.59	2,704.46	2,847.3	10,795.18
Presidencia	13.91	208.13	288.25	231.83	665.10	1,407.22
Totales	42,179.20	43,709.78	55,313.97	53,486.28	60,419.05	255,108.28

Fuente: Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados

Porcentajes ejercidos por dependencia en seguridad nacional (millones de pesos)

Ramo	Total por ramo	Porcentaje
Sedena	175,321.51	68.73
Semar	66,313.25	26
Segob	10,795.18	4.3
Presidencia	1,407.22	0.55
Totales	255,108.28	100

Fuente: Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados

Gasto en tácticas de guerra de la Sedena (millones de pesos)

Tipo de gasto	2007	2008	2009	2010	2011	Totales generales
Defensa de la integridad, la independencia, la soberanía del territorio nacional	18, 326.87	21,774.24	21,961.77	24,054.37	26,741.36	112,858.61
Acciones de vigilancia en el territorio nacional	-	2,532.74	3,748.49	4,487.82	4,840.74	15,609.79
Totales	18,326.87	24,306.98	25,710.26	28,542.19	31,582.1	128,468.4

Fuente: Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados

Gasto en tácticas de guerra de la Semar (millones de pesos)

Tipo de gasto	2007	2008	2009	2010	2011	Total
Emplear el poder naval de la federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales	7,650.00	8,366.35	9,727.22	9,799.06	10,745.77	46,288.40

Fuente: Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados

Presupuesto para actividades de inteligencia (millones de pesos)

Dependencia	2008	2009	2010	2011	Totales
Gobernación	1,269.99	2,379.59	2,140.62	2,259.23	8,049.43
Sedena*	2,891.98	3,628.04	1,494.36	1,518.17	9,532.55
Marina**	476.90	738.67	788.96	800.00	2804.53
Totales	4,638.87	6,746.3	4,423.94	4,577.4	20,386.51

*Presupuesto de la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa

**Gasto del capítulo “Desarrollo y dirección de la política y estrategia naval”

Fuente: Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados

García Luna encabezó "labor de inteligencia" contra la PGR

Acusaciones de soborno y extorsión habrían desatado un operativo de espionaje al interior de la Procuraduría General de la República, revelan fuentes del gobierno federal. Por órdenes directas de Felipe Calderón, el secretario García Luna habría intervenido las comunicaciones de subprocuradores, fiscales, ministerios públicos y reconocidos despachos de abogados en busca de pruebas que acreditaran los supuestos hechos de corrupción. En el conflicto se vieron inmiscuidas dos secretarías de Estado, la PGR y la Presidencia

A solicitud del presidente Felipe Calderón Hinojosa, la Secretaría de Seguridad Pública federal habría intervenido las comunicaciones de subprocuradores, fiscales y ministerios públicos de la Procuraduría General de la República (PGR), así como de reconocidos despachos de abogados, en busca de evidencias que confirmaran presuntos hechos de corrupción.

La orden presidencial para ejecutar una “labor de inteligencia” de alto nivel se habría dado a mediados de 2010 y se derivaría de un conflicto interinstitucional que involucraba a la PGR, entonces encabezada por Arturo Chávez Chávez, y a la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Salvador Vega Casillas.

La pugna implicaba no sólo acusaciones mutuas de sobornos y extorsiones, sino expedientes de investigación abiertos en ambas dependencias en contra de servidores públicos de primer orden en activo, incluyendo al secretario de Estado.

Fuentes de la Función Pública confirman que la PGR solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores todos los estados financieros de Vega Casillas y de su cónyuge, Gladis López Blanco (recientemente acusada en varios medios de comunicación de, supuestamente, haber participado en una extorsión a gasolineros).

Aunque dicen que el secretario no ha sido llamado a declarar por ningún caso, afirman que “todos los funcionarios del gabinete tienen expedientes abiertos en la PGR”.

Y no obstante que los informantes aseguran desconocer el conflicto que habrían protagonizado con la PGR, reconocen que la Secretaría de la Función Pública sí investiga los supuestos fraudes en los que estarían involucrados los subprocuradores, fiscales y ministerios públicos de la Procuraduría, blancos del espionaje orquestado desde la Secretaría de Seguridad Pública. También admiten que el Órgano Interno de Control mantiene los expedientes abiertos que implican a más de 60 funcionarios y exfuncionarios.

A su vez y desde 2009, la Procuraduría General investigaba al secretario Vega Casillas. Ello, derivado de una denuncia de empresarios gasolineros en contra de su esposa, extitular de la Subprocuraduría de Verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), y de otros funcionarios supuestamente coludidos en una red de corrupción que los habrían extorsionado.

Y es que Gladis López Blanco se desempeñó como titular de esa Subprocuraduría de diciembre de 2006 a marzo de 2008, el mismo lapso en el que habrían sucedido los supuestos cobros ilegales de cuotas de hasta 50 mil pesos mensuales por cada estación de servicio.

Ese mismo caso fue denunciado ante la Función Pública, expediente DE/026/2008. La institución, sin embargo, determinó que no había elementos para fincar responsabilidades. Según las fuentes de la dependencia, en el caso de López Blanco no hubo conflicto de intereses: ella renunció a la Subprocuraduría de Verificación de la Profeco dos meses después de que Vega Casillas dejara el cargo de subsecretario para asumir la titularidad de la Secretaría de la Función Pública; mientras que este último se excusó de conocer la indagatoria en contra de su esposa que resolvieron sus subordinados. “De eso hay documentos firmados por el secretario que lo prueban. Él nunca pidió que se resolviera en ningún sentido”, afirman.

Intervención presidencial

El nivel de confrontación entre las dos dependencias llegó a tal punto que se necesitó la intervención del presidente para no poner en riesgo las principales estrategias de su administración, aseguran fuentes del gobierno federal consultadas por Contralínea que solicitan el anonimato por temor a represalias.

Por diferentes vías, Calderón Hinojosa habría recibido pruebas de las investigaciones que se llevaban tanto en la PGR como en la Función Pública por supuestas extorsiones, intentos de sobornos, fraudes contra el erario, entre otros actos de corrupción.

El uso de las instituciones para “atacarse” entre sí aunado a la falta de colaboración entre ambas dependencias para resolver problemas prioritarios del país fueron los detonantes de la participación del presidente, quien habría ordenado a García Luna la “labor de inteligencia” en la PGR. Al tiempo, habría solicitado a Chávez Chávez realizar una investigación interna.

En los meses siguientes, mientras Calderón Hinojosa afianzaba su relación con Vega Casillas, ahondaba sus diferencias con el entonces abogado de la nación.

La “labor de inteligencia”

El operativo coordinado por García Luna inició a mediados del año pasado, y aunque su primer objetivo fue el entonces titular de la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, Samuel Hernández de Alba, pronto se extendió.

La intervención de las comunicaciones –hecha con la tecnología de la Plataforma México– habría alcanzado al entonces subprocurador de Delitos Federales, Arturo Germán Rangel; a Juan Carlos Rincón, extitular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros; al ahora exfiscal de Delitos Financieros, Julio Alejandro Oliva Saldaña, y a todos los subordinados de éstos.

Poco a poco, los servidores públicos fueron cayendo. Con la llegada de la procuradora Marisela Morales Ibáñez, el pasado 28 de abril Germán Rangel presentó su “renuncia”.

No obstante, el cisma en la Procuraduría ya se había hecho visible a fines de 2010: el 16 de diciembre, Oliva Saldaña fue detenido y remitido al Reclusorio Norte del Distrito Federal “por falsificar documentos para obtener un crédito hipotecario del Fovissste [Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado]”. De acuerdo con las fuentes de la Función Pública, Oliva Saldaña obtuvo su libertad bajo fianza y actualmente es considerado prófugo de la justicia.

Juan Carlos Rincón y Hernández de Alba, actualmente sujetos a investigaciones ministeriales por presuntos hechos de corrupción, fueron cesados de sus cargos el 9 de marzo por “no acreditar los exámenes de confianza” que se aplican constantemente a los servidores públicos. Veintidós días después, Arturo Chávez Chávez presentaba su renuncia como procurador General, tras un largo periodo de alejamiento del presidente.

En marzo, la prensa nacional –destacadamente el diario La Jornada– empezaba a revelar algunas de las indagatorias que derivaron en esa crisis. De acuerdo con los reporteros Alfredo Méndez y Gustavo Castillo (24 de marzo de 2011), la visitaduría de la propia PGR investiga a los exfuncionarios “por presunto enriquecimiento ilícito, peculado, extorsión, cohecho y otras conductas que violan normas penales y administrativas, derivado del ejercicio de sus funciones”.

Aunque la información que trascendió a los medios se centró en unos supuestos fraudes y quebrantos patrimoniales contra la Sociedad Hipotecaria Federal –cometido por constructoras y sociedades financieras de objeto limitado– y contra el Fovissste, el fondo era el conflicto interinstitucional, que ya estaba mermando en las principales políticas de la administración federal, explican las fuentes del gobierno federal.

Espionaje contra abogados

De acuerdo con los informantes consultados por Contralínea, las conversaciones de los exfuncionarios de la PGR sí habrían acreditado actos de supuesta corrupción.

Con estas “pruebas”, el presidente Calderón habría ordenado la purga al interior de la Procuraduría General, que tendría su clímax con la salida de Chávez Chávez el pasado 31 de marzo. Las investigaciones abiertas podrían alcanzar al propio exprocurador.

Aunque el cisma en la PGR se ha tratado de encubrir con asuntos menores, el secretario García Luna y un reducido círculo cercano al presidente conservarían los testigos de las intervenciones de comunicaciones. En uno de ellos se evidenciaría, incluso, un intento de soborno a la esposa del secretario Vega Casillas, para frenar “la investigación [que] estaba muy caliente”.

Además, indican las fuentes consultadas, constarían conversaciones acerca de supuestos negocios extralegales entre los exfuncionarios Hernández de Alba y Juan Carlos Rincón y representantes de despachos de abogados. En la PGR, se investigan ya a algunos bufetes, entre ellos los de Francisco Riquelme, Alonso Aguilar Zinser, José Zapata y Felipe Gómez Mont, Carlos Requena y Rodolfo Pérez.

Con Calderón, privatización total de Pemex

A 73 años de la expropiación petrolera, Pemex se encuentra bajo el control de la iniciativa privada, sobre todo extranjera. Esquemas velados de privatización –arrendamientos, contratos de servicios, de servicios múltiples, integrales, subrogaciones– desmantelan la paraestatal, que ya no es dueña de plataformas, equipos de perforación ni buquestanque. Mientras la deuda total por 665 mil millones de pesos compromete poco menos de la mitad de sus activos, la importación de petrolíferos supera los 690 mil millones sólo en lo que va del gobierno de Calderón. El sistema de refinerías de México, otrora petroeconomía, opera a menos del 50 por ciento de su capacidad

Petróleos Mexicanos (Pemex) ya no es dueña de 47 plataformas que operan costa afuera en los estados sureños de Campeche y Tabasco. Cinco sexenios neoliberales han bastado para desmantelar la más importante paraestatal, que aún aporta una tercera parte de los ingresos fiscales del país. Expertos consultados coinciden: en forma deliberada, la empresa y sus subsidiarias fueron “destruidas” para favorecer intereses extranjeros.

A 73 años de la expropiación petrolera, impulsada por Lázaro Cárdenas del Río, la iniciativa privada controla todos los procesos de la paraestatal, incluso los considerados estratégicos, como la exploración y explotación de los hidrocarburos. Ello, a través de esquemas velados de privatización que violan la Constitución mexicana: arrendamientos, contratos de servicios, de servicios múltiples, integrales y subrogaciones.

Los contratos de arrendamiento y servicios son los que han permitido a la filial Pemex Exploración y Producción (PEP), por ejemplo, ceder el control al sector privado de 47 plataformas ubicadas en el Golfo de México, revela la respuesta a la solicitud de información 185700001610 hecha por Contralínea.

De esas plataformas privadas, 11 son embarcaciones, indica PEP. Y, aunque la subsidiaria señala que otras 241 plataformas aún son de su propiedad, sus informes –entregados a este semanario vía Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– omiten incluir los datos del Yuum K’ak’náab, o Señor de los Mares, la plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga cuya renta implica, en total, 1 mil 134 millones 692.9 mil dólares.

El ingeniero Felipe Ocampo, jubilado de Pemex y perito en petróleo y petroquímica, explica que la privatización de la paraestatal se dio a partir de “una decisión política y un rumbo que marcaron las presidencias neoliberales de la República; desde el tiempo de Miguel de la Madrid –ejemplifica– ya no se construyeron refinerías”.

Agrega que Pemex tenía la capacidad de continuar bajo la rectoría total del Estado. “Lo evitamos [entregar la industria a las trasnacionales] en situaciones más difíciles, como fue la expropiación. Nada más que llegaron los neoliberales y todo lo deshicieron. Pero fuimos capaces [de sostenerla] cuando no había técnicos preparados. Se formaron las primeras generaciones en los tiempos heroicos, inmediatamente después de 1938, y luego nos formaron a muchas generaciones que hicimos que la industria de bienes del capital prosperara: antes se compraba 50 por ciento o más de los equipos de las refinerías y ahora se compra, cuando bien nos va, el 5 por ciento. ¿Qué nos pasó? Ésa no es falta de capacidad; son lineamientos políticos”.

Los esquemas de contratación que veladamente privatizan el sector también han permitido que, de los 257 equipos de perforación de pozos que operan en los yacimientos petroleros de México, 155 ­–el 60.3 por ciento– sean propiedad de trasnacionales, descubre PEP en su respuesta a la solicitud de información 1857500001710 de este semanario.

Desde mediados de 2007, PEP también privatizó sus ductos como resultado de la licitación 18575111-006-07 para la operación y mantenimiento, durante 10 años, de 66 ductos ubicados en Veracruz y Tabasco.

“Siempre ha sido innecesaria la participación de las empresas privadas, nacionales y trasnacionales en las áreas estratégicas. Pemex, de muchos años atrás, con sus propios recursos y su propia ingeniería y técnicos, había logrado lo que muchos países latinoamericanos no conseguían: ser una industria puntera”, señala Didier Marquina, secretario general del Sindicato de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Petróleos Mexicanos.

Lo que ocurre ahora en esa empresa estatal es distinto. Una muestra: en el primer año de gestión de Felipe Calderón, la petrolera mexicana cayó del sexto al onceavo lugar en el listado de las mayores firmas petroleras del mundo. Todavía no recupera su antiguo lugar.

Más aún, la privatización avanza. En Pemex Refinación, los privados también manejan áreas sustantivas. La filial ha cedido al mercado, por ejemplo, el transporte marítimo de hidrocarburos y el sistema nacional de ductos. En el primer caso, el 12 de abril de 2007, el Consejo de Administración de la subsidiaria autorizó “la adquisición de 10 embarcaciones por arrendamiento financiero y el arrendamiento puro de hasta nueve embarcaciones más”.

Así, la estrategia para renovar la flotilla –por medio de unidades rentadas– abandonó el esquema de la propiedad del Estado sobre los bienes, vigente en esa área hasta el sexenio de Vicente Fox.

Subrogaciones y contratos integrales

El Corporativo que dirige Juan José Suárez Coppel no escapa a los modelos privatizadores. Tal es el caso de la subrogación de los servicios médicos, contratados y administrados por siete coordinaciones médicas de zona (Mazatlán, Monterrey, Tampico, Villahermosa, Guadalajara, Veracruz y Distrito Federal), con 17 sedes y 92 localidades a cargo de la Coordinación Nacional de Servicios Médicos Subrogados, y por 35 unidades médicas de Pemex (20 hospitales, tres clínicas y 12 consultorios), para proporcionar servicios integrales de salud a los trabajadores y derechohabientes de Petróleos Mexicanos.

La subsidiaria PEP también echa mano de las subrogaciones para el transporte aéreo en helicópteros del personal operativo y para carga, en las regiones Norte y Sur, en las sedes de México y Villahermosa y en el resto del país.

Jorge Fuentes, coordinador general del Frente Nacional Petrolero, explica que en la paraestatal han prevalecido los intereses de Estados Unidos por encima de los nacionales. “Hay que exigir respeto a lo que es de todos los mexicanos, y que se salvaguarde el artículo 27 de la Constitución; de no ser así, hay que reexpropiar la industria y el sindicato petrolero”.

Pero ni el artículo 27 constitucional ni la propiedad del Estado se respetan en Pemex. Los contratos integrales, que recién anunció la administración de Suárez Coppel, permitirán a la paraestatal asociarse con las trasnacionales para que éstas, de manera independiente, exploren y exploten los energéticos. Mientras Pemex entrega a las corporaciones el control total del petróleo mexicano, éstas recibirán pagos de tarifas por barril localizado o extraído.

“La actual intentona de concesionar bloques del territorio nacional para que empresas extranjeras (o nacionales) exploren y exploten petróleo es contraria a la ley y a la Constitución”, indica el investigador Fabio Barbosa Cano, experto en reservas de petróleo y gas.

Para el maestro en historia de México, “el Partido Acción Nacional surgió para combatir la Constitución y, décadas más tarde, los neoliberales del Revolucionario Institucional (Carlos Salinas y Ernesto Zedillo) coincidieron con ese partido, porque la Constitución era un obstáculo para sus reformas”.

Didier Marquina, quien también acusa ilegalidad en esos contratos, explica los riesgos: “Las compañías extranjeras le reportarán a Pemex sus resultados. La paraestatal no va a tener recursos técnicos ni personal para hacer los peritajes o las evaluaciones que comprueben si se exploró o si se extrajo la cantidad correcta de producto, si se produjo el gas o el crudo o el aceite que dicen los privados que produjeron.

“Vamos a estar en un escenario igual al de antes de 1938: las compañías extranjeras, con el pretexto de que no extraían el suficiente petróleo, pagaban pocos impuestos. Sin embargo, grandes cantidades de crudo salieron de la zona de la Huasteca que no fueron reportadas al gobierno mexicano. Eso va a ocurrir, porque ¿quién los va a supervisar si Pemex no va a tener capacidad técnica? Por eso están corriendo a su personal. Desde un escritorio no se pueden llevar las cuentas. La supervisión tiene que ser en el campo directamente. Pemex lleva todas las de perder, mientras las compañías se van a llevar todas las ganancias y, además, compartirán la renta de la producción. Siempre van a ganar los privados y siempre va a perder Pemex.”

La Cuenca de Burgos, la zona gasera más importante de México concesionada a trasnacionales en 2003 por medio de los contratos de servicios múltiples, es el más evidente fracaso de los esquemas de privatización, refiere Marquina. Según el líder sindical, la zona ha sido prácticamente abandonada por las empresas.

El ingeniero Felipe Ocampo da otro ejemplo del fracaso de la privatización. “En los tiempos de Zedillo se privatizó totalmente la petroquímica. Qué nos dijeron entonces: que México se iba a volver una potencia, que los privados eran la quinta maravilla. Antes de Miguel de la Madrid se inauguraban de dos a tres plantas nuevas por mes. A partir de entonces, ya no se construyó ningún proyecto, se cancelaron algunos que había en ejecución y sólo se terminaron los que estaban demasiado avanzados. Produjimos alrededor de 20 millones de toneladas anuales de productos petroquímicos; actualmente, producimos menos de la cuarta parte”.

Agrega que, “en la petroquímica, por ley, los privados pueden invertir al ciento por ciento. ¿Por qué no lo han hecho? Porque los precios de las materias primas son muy altos y, como no les dieron un precio más bajo con el Proyecto Fénix, pues no se hizo. Ahora parece que se los quieren dar. El colmo del cinismo sería que Pemex le venda a precios más abajo a los privados que los que les da a Pemex Petroquímica”.

Por ello, Ocampo señala que “el de la petroquímica es el ejemplo más contundente de que los privados no van a hacer nada por México, porque ellos benefician a la industria de sus países; no son su propia competencia.”

Deuda e importación de petrolíferos

Fabio Barbosa Cano, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, dice que “cada avance del proceso privatizador se ha apoyado en derrotas de las luchas sociales y en la destrucción de las organizaciones y partidos del pueblo. Es decir, en modificar la correlación de fuerzas sociales”.

Los esquemas que privatizan el sector no son el único obstáculo que enfrenta la empresa para su desarrollo como entidad paraestatal. La deuda total reportada por Pemex, de 665 mil millones de pesos, comprometería poco menos de la mitad de sus activos.

La cifra es menor a la señalada por la Auditoría Superior de la Federación en su Informe de resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2006: 2 billones 177 mil 209 millones 836 mil pesos. Ese monto habría constituido la deuda pública contratada por Petróleos Mexicanos en los mercados de capital del país y del extranjero, relacionada con los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo.

El monto, dado a conocer a principios de 2008, incluía los financiamientos privados (1 billón 752 mil 119 millones 310 mil pesos) y el costo financiero estimado para 2030 (425 mil 90 millones 525 mil pesos). Sin embargo, en su reporte financiero al cuarto trimestre de 2010, la paraestatal sólo reconoce como deuda total el 31 por ciento.

Los 665 mil millones de pesos que admite adeudar también son menores respecto del gasto de la importación de gasolina, diésel y otros productos petrolíferos, que supera los 690 mil millones de pesos tan sólo en lo que va del actual gobierno.

De acuerdo con informes oficiales, las erogaciones en 2007 ascendieron a 151 mil 841 millones, mientras que en 2008, 2009 y 2010 sumaron más de 180 mil millones de pesos por año.

La cifra global habría alcanzado para construir 5.35 refinerías Bicentenario, cuyo costo se calcula en 129 mil millones. Esta obra –que se perfila como la última que se construiría en el país–, generará más de 40 mil empleos directos e indirectos durante su construcción y 1 mil 400 empleos permanentes en su operación, reporta Pemex.

El ingeniero Felipe Ocampo explica que, desde la expropiación y hasta el sexenio de Miguel de la Madrid, México tuvo una autosuficiencia en producción de gasolinas y en todos los derivados del petróleo; pero que, a partir de entonces, ya no se construyeron refinerías. “Pues claro que tenemos que importar [los productos petrolíferos]. Pero ¿por qué antes sí podíamos construir refinerías y ahora no? ¿Nos volvimos idiotas los ingenieros o qué? Fue una decisión política”.

Información de la propia paraestatal confirma que ninguna de las seis refinerías de su Sistema Nacional opera al ciento por ciento de su capacidad. “En el segundo trimestre de 2010, la capacidad utilizada de destilación disminuyó de 82 a 81 por ciento”, reconoce la empresa (Contralínea 212). Jorge Fuentes apunta que el fracaso es “peor”. “Las refinerías no operan siquiera al 50 por ciento de su capacidad”.

Mario Ross García, trabajador de la paraestatal y líder de la Coalición Petrolera Independiente, AC, dice que “este 18 de marzo no hay nada que festejar: el 80 por ciento de nuestra industria está privatizada por el monopolio orquestado por Carlos Salinas de Gortari. Pemex tiene dueño con nombre y apellido”.

Agrega que es el pueblo de México el que tiene que luchar para terminar con la corrupción que ha permitido la venta de la industria, “ya que los tres poderes de nuestro país fueron rebasados por grandes dictadores”.

La última ofensiva

Los planes privatizadores de la cúpula en el poder incluyen el cese de 5 mil técnicos y profesionistas. Ésta sería la ofensiva final contra la empresa, considera Didier Marquina, pues con ello Pemex perdería su capacidad técnica.

“Necesitamos que dejen de sacar a los técnicos que aún quedan con experiencia, que Pemex detenga los planes que tiene para echar a la calle a 5 mil profesionistas de probada experiencia. No es posible que digan que no se tiene capacidad técnica por falta de personal y, al mismo tiempo, los estén mandando a la calle.”

Marquina explica que la ofensiva se da, sobre todo, porque son los técnicos y los profesionistas quienes se han opuesto a tomar medidas en contra de los intereses económicos, financieros y técnicos de la empresa, en contra de su desarrollo y expansión.

Señala que Pemex vive una situación muy crítica, sobre todo porque la administración de Suárez Coppel se niega a platicar con el recién reconocido Sindicato que representa. “Nuestros ingenieros, en todas las áreas de Pemex, están siendo expuestos a fuertes jornadas laborales. Han reducido la plantilla de trabajadores técnicos y, al hacerlo, los que quedan tienen que cubrir dos o tres jornadas; ya no descansan los días que deben. Al incrementarse la fatiga de los ingenieros de turno, de proceso, de línea, de campo, de plataformas, e incluso los trabajadores de las áreas médicas, pues su rendimiento se merma, se pone en riesgo grave al personal y los procesos: ocurren fugas, explosiones. Hacemos un llamado urgente a Pemex para que reanude las pláticas con el Sindicato y resolvamos esta situación. Nosotros estamos dispuestos a colaborar”.

Revertir la privatización

Para el investigador Fabio Barbosa, “la ofensiva privatizadora en Pemex sí puede revertirse en el futuro, porque éste no está escrito. Pero debemos reconocer que en el caso del petróleo ahora hay condiciones diferentes: la dotación geológica ya está muy disminuida. Aunque en este país sólo quedan unos 150 campos pequeños pendientes de explotar, unos 12 ‘importantes’ (con más de 100 millones de barriles de reservas) y unos cuatro gigantes, por esa pequeña dotación el imperio y sus cómplices internos están dispuestos a continuar la militarización, a desatar políticas genocidas de despoblamiento en el Sureste y de envenenamiento de las aguas superficiales y subterráneas en vastas áreas, como Chicontepec, Veracruz. Todo ello establece condiciones inéditas y más difíciles”.

Por eso, añade, “las comunidades tendrán que librar batallas por su sobrevivencia. Todos los estudios prospectivos indican que la población humana en zonas petroleras, como las ubicadas en los municipios ribereños de Tabasco, está condenada a desaparecer o emigrar, porque esos territorios estarán sumergidos bajo las aguas en las próximas décadas. En Chiapas ya se desarrollan políticas muy parecidas a las de las ‘reservaciones’ indias en Estados Unidos. En suma, el petróleo se está agotando, pero todavía en las próximas dos o tres décadas seguirá siendo un factor importante”.

La Corte avala entrega del petróleo a trasnacionales

Con la celebración de “contratos integrales”, Pemex entregará el control del petróleo mexicano a las trasnacionales como no sucedía desde la expropiación de 1938. Ayatzil –el único campo gigante descubierto hasta ahora– es el principal activo que el gobierno de Calderón ofrecerá a los extranjeros. Además, obsequiará el mapeo de los yacimientos petroleros del país iniciado en 2009 y que concluirá en 2012. Tan sólo este proyecto representa un costo al erario por más de 12 mil millones de dólares. El esquema –ya avalado por la Suprema Corte, aunque se duda de su constitucionalidad– no revertirá la caída de las exportaciones ni aumentará la producción de crudo, pero consumará las exigencias de Estados Unidos por privatizar el energético mexicano

Mayela Sánchez / Nancy Flores

En el año electoral de 2012, Petróleos Mexicanos (Pemex) licitará los primeros contratos integrales de servicios para exploración y producción en aguas profundas, según los planes de su director, Juan José Suárez Coppel. Con estas contrataciones –iniciadas formalmente este año en el campo terrestre de Chicontepec, Veracruz– el gobierno federal cederá los bienes de la nación a la iniciativa privada, sobre todo de origen extranjero.

Como no ocurría desde 1938, los contratos permiten a la paraestatal asociarse con las trasnacionales para que éstas, de manera independiente, exploren y exploten los energéticos. Así, Pemex cede el control total del petróleo mexicano a las corporaciones que, a cambio, recibirán pagos de tarifas por barril localizado o extraído.

Aunque el esquema fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 2 de diciembre de 2010, es inconstitucional, considera el doctor en derecho Daniel Márquez Gómez.

El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explica que la Constitución Política establece con claridad el dominio directo del Estado sobre una serie de bienes y, en particular, sobre los hidrocarburos.

Márquez Gómez cita el artículo 27, que indica: “Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales (…) tratándose del petróleo y los carburos de hidrógenos sólidos, líquidos y gaseosos no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva”.

Por ello, dice, los contratos integrales de servicios para exploración y producción de hidrocarburos son inconstitucionales. “No es porque lo diga la Ley de Pemex o porque lo diga la Suprema Corte de Justicia como se logra la constitucionalidad de esta clase de contratos”.

Agrega que “la prohibición es totalmente clara: no se pueden dar contratos ni subsistirán los que, en su caso, sean otorgados. Es decir, que si había algún contrato vigente, por disposición constitucional deja de tener efectos”.

El investigador explica que la nación, el pueblo políticamente organizado, es la única facultada para llevar a cabo la explotación de esos productos. El problema, dice, es que la Ley de Pemex –que aprobó el Congreso de la Unión en 2008– establece un régimen de excepción para la petrolera, al margen de la ley suprema.

Márquez Gómez señala que, de acuerdo con el artículo 28, Pemex debe ser autosuficiente y atender la prohibición de dar concesiones y contratos, pues sólo la paraestatal está en facultad de ejercer las labores de exploración y explotación de los hidrocarburos. “Traer empresas extranjeras o mexicanas a realizar actividades en esas áreas implica, en mi opinión, violar la Constitución”.

El doctor en derecho critica la actuación del Congreso y de la SCJN ­–que resolvió calificar como constitucional el reglamento de la Ley de Pemex, en el cual se basan los contratos integrales–, pues esta última “no puede sobrepasar” la Constitución: sólo debe interpretarla.

Ni la Ley de Pemex ni su reglamento, detalla, fundamentan el acto de autoridad: “Toda legislación debe justificar el beneficio que se genera a la nación. La explotación per se de los hidrocarburos y el otorgar esa explotación a empresas extranjeras o mexicanas incumplen con el requisito constitucional de beneficio a la población”.

Por ello, Márquez Gómez –quien imparte la cátedra Regímenes Constitucionales Contemporáneos en la Facultad de Derecho de la UNAM– considera que la Suprema Corte debió entender el carácter sustantivo del proyecto de nación, basado en el artículo 39 constitucional: “Todo poder dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”; y no avalar que en la ley se privilegien intereses privados.

La diputada petista Laura Itzel Castillo Juárez, secretaria de la Comisión de Energía, considera que la validación de la SCJN a un reglamento inconstitucional forma parte de una serie de acciones concatenadas que, desde 2008, buscan facilitar la entrega de los recursos petroleros a particulares.

Sin embargo, Miriam Grunstein Dickter, investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, señala que no hay visos de privatización en los contratos integrales de Pemex.

Según la doctora en letras hispánicas y lusobrasileñas y especialista en temas energéticos, ni la resolución de la Corte ni la Ley de Pemex, ni el reglamento ni los contratos son inconstitucionales, pues se trata sólo de una prestación de servicios, cuyo riesgo tiene que asumir la paraestatal petrolera.

Grunstein Dickter considera que estas contrataciones son insuficientes y que el gobierno mexicano debería permitir los contratos de riesgo en las áreas estratégicas que hasta ahora prohíbe la Constitución mexicana.

En su página de internet, Pemex Exploración y Producción (PEP) indica que los contratos integrales “buscan incrementar la capacidad de ejecución de Pemex para generar valor económico, a través de un esquema rentable y competitivo bajo mecanismos de contratación simples y flexibles”.

La legisladora Castillo explica que estos modelos de contrato que aprobó el Consejo de Administración de Pemex no sólo son inconstitucionales, sino que exceden la propia normatividad en la que se basan. En éstos se establece el pago a través de “tarifa por barril”, que no se establece en el reglamento.

Falsa solución

Lejos de remediar la caída en las reservas, en la producción y en las exportaciones, los contratos integrales sólo representarán la apertura total del sector a la iniciativa privada y multimillonarios negocios para las trasnacionales energéticas.

El problema petrolero en México es geológico, explica el maestro Fabio Barbosa Cano, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Por ello, estos nuevos esquemas no aumentarán la producción de crudo.

El experto en reservas de hidrocarburos detalla que entre 2001 y 2009 se ha perforado un número de pozos de exploración igual que en el periodo del auge petrolero (1977-1985). Esto demuestra que “la caída de la producción mexicana no se debe a insuficiencia de exploración, sino a un problema geológico”.

Datos de la paraestatal indican que, en esos nueve años, se gastaron entre 90 mil millones y 135 mil millones de pesos del erario en trabajos de exploración para inventariar el potencial del país. El promedio anual de la inversión reportada por la subsidiaria PEP fue de 10 mil millones a 15 mil millones de pesos.

Barbosa Cano dice que, mientras en las décadas de 1970 y 1980 las zonas geológicas más esplendidas estaban vírgenes, hoy la geología sólo puede ofrecer yacimientos muy pequeños, dispersos, profundos y de crudo muy pesado. “Esta realidad no la puede modificar ningún cambio en la forma de contratación”.

Refiere que un dato duro para entender la problemática lo proporciona la tasa de éxitos en la exploración (que es la relación de pozos perforados contra los pozos exitosos). Indica que mientras en el pasado se descubrieron varias docenas de campos gigantes y otros clasificados como “importantes” (más de 100 millones de barriles de crudo por campo), ahora el promedio de crudo descubierto es de ocho barriles por nuevo campo.

Para Barbosa Cano, la aplicación de nuevas tecnologías, que se prometen con los contratos integrales, tampoco modificará esa realidad. “En el supuesto de que se aplicara exitosamente, los resultados serían incrementos muy pequeños que no podrían revertir la caída de las exportaciones”.

Respecto de la rehabilitación de campos viejos o maduros, como los llama Pemex, dice que no puede esperarse mucho. “La inyección de nitrógeno como recurso para mantener la presión en los campos gigantes más importantes del Sureste mexicano ha fracasado totalmente. Ello puede constatarse con un simple vistazo a las estadísticas: el complejo Bermúdez producía, redondeando las cifras, 140 mil barriles diarios antes del experimento; a la fecha, después de que se han gastado millones de dólares para la licuefacción e inyección de nitrógeno que realiza la empresa texana Praxair, la producción ha caído a menos de 80 mil barriles diarios (cifras del segundo semestre de 2010)”.

El investigador señala que no existe ningún dato que permita esperar que la contratación de nuevas empresas modifique las tendencias de los últimos 10 años. “Aunque todavía existen volúmenes importantes de petróleo en México –el crudo post Cantarell–, en modo alguno permitirán revertir la caída de la producción y regresar a la abundancia y el derroche del pasado”.

Con el nuevo tipo de contratos, el gobierno federal fracasará en su intento de mantener el nivel de exportaciones de crudo (o amortiguar la tasa de descenso), considera Fabio Barbosa. Añade que es previsible que las empresas trasnacionales exijan se les amplíen las concesiones que el modelo actual de contrato les otorgará.

“El esquema de asociación, de eso se trata el nuevo tipo
de contrato integral, sólo podría funcionar en áreas como las aguas profundas. En los primeros campitos que Pemex licitará, como Carrizo o Sánchez Magallanes –éste descubierto en el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines–, serán fracasos rotundos.”

El inventario, para las trasnacionales

Con los contratos integrales, Pemex cederá el inventario de las reservas y los mapas de los campos petroleros derivados del trabajo de exploración, realizado entre 2009 y 2012, a las trasnacionales que ganen las licitaciones.

De acuerdo con el programa de inversión de la paraestatal, en ese periodo se destinará un total de 12 mil 233 millones de dólares a la exploración en tierra y en aguas someras y profundas. Los recursos saldrán del erario y tendrán como fin restituir la tasa de reservas de hidrocarburos.

De 2001 a 2009, el trabajo exploratorio localizó en la Sonda de Campeche el yacimiento Ayatzil, el único campo gigante descubierto hasta ahora. Éste es el principal activo que el gobierno del panista Felipe Calderón ofertará a los extranjeros con los nuevos contratos de asociación. “En los últimos 10 años, sólo se ha descubierto un nuevo gigante: Ayatzil”, refiere Fabio Barbosa Cano.

Con los contratos integrales, “se privilegiaron los intereses empresariales en la norma, como sucedió cuando se aprobó la Ley de Pemex en 2008. A nadie parece importarle la nación: al Congreso de la Unión no, por aprobar una ley a todas luces contraria a la Constitución; al Ejecutivo tampoco, por impulsar esa ley y sus reglamentos. Ni siquiera a la Suprema Corte, que expide una decisión que a todas luces contraría el contenido de la norma que, como tribunal constitucional, debe tutelar: la Constitución”, señala el doctor en derecho Márquez Gómez.

Con Calderón, 62 defensores de derechos humanos asesinados

En lo que va del gobierno de Calderón, 61 defensores y luchadores sociales han sido asesinados y al menos cuatro, desaparecidos. Comandos armados, grupos paramilitares y policías y militares estarían implicados en los “operativos” para acabar con la vida de quienes impulsan la democracia, la justicia y la equidad. Ante la violencia, el sistema interamericano ha dictado 158 medidas cautelares para más de 200 defensores, 107 de ellos radicados en Guerrero. El asesinato de Marisela Escobedo, en Chihuahua, se suma al lúgubre registro en el número 62

Blanca recuerda el día que la fría boca de una pistola tocó su sien. Era el 18 de mayo de 2010, pasadas las seis de la tarde. “Me apuntaron con un arma en la cabeza. Si no me mataron en ese momento fue por el proceso electoral y porque nuestro caso estaba en el ámbito internacional”.

Esa intimidación en contra de la defensora de los derechos humanos en Tijuana, Baja California, había comenzado minutos antes. Blanca Mesina Nevarez circulaba en su automóvil en aquella ciudad fronteriza, cuando una camioneta pick up color negro, con vidrios polarizados y sin placas, comenzó a golpear por la parte de atrás su auto.

Ella intentó esquivar la agresión. Entró en el estacionamiento de un centro comercial. La pick up hizo lo mismo. Luego, acorraló el automóvil. Un hombre –“alto, moreno, de complexión robusta, encapuchado, vestido de negro”– descendió de la camioneta, se acercó a Blanca y le dijo: “Es la última vez que te aviso que dejen de denunciar. Aquí hay muchos contactos y creo que no quieres perder a algún familiar”.

El hombre retiró la pistola de la sien de Blanca, se inclinó hacia ella y le dio un beso en la mejilla. Se fue. Ese hecho, dice la joven, “nos obligó a salir”.

Mesina Nevarez y Silvia Vázquez Camacho, también defensora de los derechos humanos en Tijuana, cuentan seis meses de exilio y más de un año de repetidos acosos. La labor que ellas realizan en la frontera Norte del país consiste, entre otras cosas, en denunciar los abusos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas mexicanas involucrados en la “guerra” contra el narcotráfico.

Ambas defensoras coadyuvan con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y con la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noreste en la documentación y seguimiento de las denuncias por tortura interpuestas por civiles y policías municipales de Tijuana en 2009. Éstos señalan como responsables de las vejaciones a elementos del Ejército Mexicano, adscritos a la II Zona Militar, y a funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del XIX ayuntamiento de Tijuana.

“Cuando empezaron las llamadas telefónicas, comencé a privarme de ciertas salidas. No mucho, porque me sentía hasta cierto punto segura. Pero, conforme se fueron denunciando los casos y una vez que Silvia viajó al Distrito Federal para visibilizarlos, se intensificaron las amenazas. Después fueron seguimientos que realizaban policías municipales; luego, civiles que estaban muy cerca de mi domicilio”, cuenta Blanca, hija de Miguel Ángel Mesina, policía procesado en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, por supuestos vínculos con el crimen organizado.

El 5 de noviembre de 2009, Mesina Nevarez dio su testimonio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos. Ese mismo día, su madre fue intimidada vía telefónica. En todo momento, Blanca sostiene que su padre, al igual que el resto de los policías, es inocente y que ha sido torturado y vejado por las autoridades militares.

A inicios de marzo de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Blanca y de Silvia. Esta última recuerda que, antes de huir de Baja California, ambas viajaron al Distrito Federal, a la última reunión en la Secretaría de Gobernación, el 3 de junio, para que los gobiernos estatal y federal les brindaran protección.

La Comisión Mexicana “advirtió que si no nos protegían nos iba a sacar (de Tijuana) y que las autoridades asumieran el costo por no protegernos. Pero el gobierno de Baja California sólo decía que iba a mejorar y responsabilizaba a las víctimas, argumentando que no contestábamos el celular. Por nuestra parte, agotamos todo: presentamos denuncias, testigos; pero entre más íbamos, más nos hostigaban. El último hecho fue la pistola en la cabeza de Blanca. Ellos no hicieron nada. No reaccionaron”.

El caso de Silvia y de Blanca era atendido por la Unidad de Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría General de Gobierno de Baja California, cuyo titular en aquel entonces era Francisco Blake Mora, actual secretario de Gobernación.

Por medio del oficio DG/DH/018/2010, Blake Mora aseguraba a las organizaciones civiles que una de las prioridades del gobierno estatal es la salvaguarda y protección de la vida de los bajacalifornianos.

“A mí me seguían policías municipales en vehículos de los grupos especiales, que estaban a cargo directamente del teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, el mismo que ha sido denunciado en cartas de puño y letra de las víctimas, donde se dice que él ordenó la tortura y que (Gustavo) Huerta ordenó la detención. Ellos son dos militares con licencia para trabajar en el municipio”, señala Silvia.

Leyzaola Pérez –exsecretario de Seguridad Pública de Tijuana, actual subsecretario de Seguridad Pública estatal, y quien fuera hasta el pasado 27 de noviembre y que fue sustituido por Gustavo Huerta, en la nueva administración municipal– descalificó las denuncias de Silvia y de Blanca, consta en el oficio 1217/SSPM/2010.

Defensores asesinados

Ni el compromiso de Blake Mora ni las medidas cautelares dictadas por el sistema interamericano evitaron que Silvia y Blanca tuvieran que exiliarse para proteger sus vidas y las de sus parientes. Además de estas dos, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han otorgado otras 156 medidas de protección a más de 200 defensores mexicanos y algunos de sus familiares, entre enero de 2007 y noviembre de 2010.

El 67.7 por ciento de éstas se concentra en Guerrero, entidad ubicada en el Sur. Se trata de 107 medidas provisionales que la Corte solicitó al Estado mexicano, el 21 de abril de 2009, para igual número de defensores de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de los familiares de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.

“El ambiente de inseguridad, de violencia, se ha volcado en contra del trabajo de los defensores y defensoras. Esto se ve claramente en Ayutla de los Libres (Guerrero). Ahí, precisamente, están las organizaciones que tenemos medidas provisionales, es decir, ya no solamente son las cautelares que otorga la Comisión Interamericana, son las de la Corte para situaciones de alto riesgo, de riesgos graves e inminentes, pues se teme por nuestras vidas”, explica Abel Barrera, director de Tlachinollan.

Señala que “en lugar de arribar a un estadio más civilizado de respeto a las leyes y a los derechos humanos, a mayor documentación, a mayor rigor del trabajo que hacemos para demostrar las grandes violaciones, corremos mayores riesgos. Las y los defensores aparecemos como los actores incómodos ante las políticas de contrainsurgencia y de combate a las drogas: (las autoridades) casi siempre tratan de ligarnos con una agenda oculta, nos deslegitiman, nos descalifican, criminalizan nuestro trabajo”.

El Informe anual 2010 del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, Suiza, indica que “la represión de comunidades indígenas se dio notablemente en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde se registran los más altos índices de pobreza y se concentra una gran parte de la población indígena del país. Los defensores comunitarios de los derechos de los pueblos indígenas fueron uno de los grupos más afectados por la represión violenta”.

Eso lo demuestran los nombres de los defensores comunitarios Lucas Lucía y Ponce Rosas, que no se inscriben en la lista de quienes cuentan con medidas cautelares o provisionales, sino en la que concentra los datos de quienes han sido asesinados en lo que va del gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

“La desaparición forzada y el asesinato de Raúl Lucas Lucía, presidente de la OFPM, y Manuel Ponce Rosas, secretario de la misma organización, marcó el principio de 2009, exponiendo la violencia a la cual se enfrentan los defensores de los derechos indígenas en México”, señala el Observatorio.

En esta administración, el lúgubre registro de defensores y luchadores sociales asesinados asciende al menos a 61, 21 de los cuales son reconocidos por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (OACDHONU). Los otros 40 son reivindicados por sus organizaciones o sus causas. A ellos se suman otros cuatro defensores víctimas de desaparición forzada.

Comandos armados, grupos paramilitares y elementos estatales (particularmente policías y miembros de las Fuerzas Armadas) han sido identificados en los reportes de prensa, en las denuncias y en los informes internacionales como ejecutores de la violencia en contra de los defensores.

En México, los “operativos” para acabar con la vida de quienes impulsan la democracia, la justicia, la equidad, los derechos sociales, territoriales, ambientales, comunitarios e indígenas no necesariamente provienen del crimen organizado, reconoce la representación de la Organización de las Naciones Unidas.

“La piedra en el zapato es la sombra de la autoría de estas acciones”, explicó Javier Hernández Valencia, representante en México de la OACDHONU, el pasado 24 de noviembre. Señaló que servidores públicos “se convierten en perpetradores de violaciones de derechos humanos” y que en la actual administración no se ha tenido ningún progreso respecto de los más de 180 casos de agresiones que ha documentado esa representación internacional.

De acuerdo con la Actualización 2010: informe sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos en México, que elaboró la Oficina del Alto Comisionado, en el 51 por ciento de los casos no se puede identificar a los agresores; el 22 por ciento se trata de actores no estatales; el 14 por ciento, de operadores de justicia; el 8 por ciento, de autoridades municipales; el 5 por ciento, de autoridades militares.

“Independientemente de quién sea el perpetrador de la agresión, estos casos no son investigados. Además, persiste la criminalización de la protesta social y de las y los defensores”, dice Agnieszka Raczynska, secretaria general de la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos.

Responsabilidad del Estado

Para Hernández Valencia, es fundamental entender que “lo que viven los defensores y los casos que presentamos de agresiones no pueden meterse en el mismo paquete y en la bolsa oscura de una lucha contra el crimen organizado. No es el crimen organizado el que arresta a Raúl (Hernández Abundio). No es el crimen organizado el que viola a Valentina (Rosendo Cantú) y a Inés (Fernández Ortega)”.

Los tres casos referidos por el representante de la Oficina del Alto Comisionado implican como autor al Estado mexicano. En el primer caso, al sistema de justicia, y en el segundo, al Ejército.

En entrevista con Contralínea al término de la presentación de la Actualización, Hernández Valencia dijo que “nadie viene con una varita mágica, pero las cosas que se han puesto sobre la mesa son muy claras. Hay autoridades de nivel superior que niegan que estos temas sean importantes. Inclusive no tienen una comprensión de los propios hechos como verdaderos”.

Agregó que “esa brecha de duda y de poca importancia, de no merecer atención, hay que sacarla rápido. Porque parece que por ser los periodistas quienes usan los medios y porque sí tienen una capacidad de tener el tema en primera plana y con más o menos cierta continuidad, entonces se crean defensores de primera y segunda categoría”.

Hernández Abundio, acoso gubernamental

“El gobierno mata, desaparece y mete a la cárcel a los defensores de los derechos humanos. Eso es injusto”, dijo Raúl Hernández Abundio en su idioma natal me’phaa, durante la presentación de la Actualización. “Hay amenazas, y aunque se denuncien, como en el caso de Obtilia (Eugenio Manuel, indígena me’phaa, defensora y dirigente de la OPIM), no hay respuesta”.

De acuerdo con Tlachinollan, el de Hernández Abundio –integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa– es “un caso paradigmático de la inconsistencia de la mayoría de estos procesos judiciales” abiertos para criminalizar la protesta social. El defensor permaneció recluido en el penal de Ayutla de los Libres, Guerrero, del 11 de abril de 2008 al 27 de agosto de 2010, acusado de homicidio, delito que no cometió.

“Tras dos años de prisión preventiva y gracias a la presión de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil nacional e internacional, salió libre con sentencia absolutoria del juez”, indica el Centro de Derechos Humanos. Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia desde el 11 de noviembre de 2008.

“Fui encarcelado por defender a mi pueblo. El gobierno fabricó el delito. La prisión, sin embargo, me dio más fuerza. Yo tengo el derecho de defender a mi comunidad y lo voy a hacer.”

Para Hernández Abundio, la OPIM “nació por la necesidad de la comunidad de salir adelante. Nosotros necesitamos buena educación, escuela, salud, medicamentos. La Organización busca apoyar a la comunidad en eso, y va con el presidente municipal para que apoye con proyectos productivos y con fertilizantes. Ése es el trabajo de la Organización y es lo que al gobierno no le conviene. Por eso no quiere a la Organización, no quiere a los defensores ni a los que buscan el bien de la comunidad”.

Condenar al Estado mexicano

En su Informe anual 2010, el Observatorio descubre que, en México, los defensores de los derechos indígenas, comunitarios y medioambientales están en riesgo inminente.

El 24 de noviembre pasado, dos sujetos interceptaron a Margarita Martínez Martínez, defensora de los derechos humanos en Chiapas. La amenazaron de muerte y le exigieron “transmitir” el mismo “mensaje” al equipo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba). También le entregaron una nota hecha con recortes de periódico dirigida a “Diego” (Diego Cadenas, director del Centro): “…en tus manos está la vida de esta familia; enfrentarás cargos; defensores de la verga”.

Jorge Luis Hernández Castro, quien está al frente del Área de Incidencias de ese Centro, explica que, “días antes de la agresión, la Procuraduría General de Justicia de Chiapas ejerció la acción penal en contra de funcionarios que habían participado en el allanamiento de la casa de Margarita”.

En ese proceso, detalla, están involucrados policías estatales y municipales, y el Frayba lleva la parte jurídica. “Una de las posibles causas de este ataque a Margarita y el mensaje que envían al Frayba puede ser atribuido desde ahí, donde los involucrados son servidores públicos”.

Pero, agrega, “no descartamos que sea por el trabajo que tenemos con varias comunidades: uno de estos perpetradores le dice claramente a Margarita que sabe que el Frayba está acompañando a Mitzitón, una comunidad que defiende su derecho al territorio para que una autopista no pase por sus tierras ejidales y comunitarias. O por casos como el que tenemos en la zona de Agua Azul, que también son por la defensa al territorio”.

Jorge Luis refiere que la situación de agresiones en contra del trabajo de defensoría es preocupante, pues el mismo Estado se deslinda de su responsabilidad al declarar que los ataques provienen de la delincuencia organizada.

Indica que en el país no se tienen mecanismos eficaces ni eficientes para proteger a las y los defensores. “Esto se demostró ahora con el ataque a Margarita, porque ella tiene medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana, y en este caso el Estado mexicano tiene una responsabilidad en cuanto a su seguridad”.

Respecto de las implicaciones que traerán las amenazas al equipo del Frayba, afirma: “Nuestro compromiso es muy claro en cuanto a la defensa y promoción de los derechos humanos y de acompañar a las comunidades. Nuestro trabajo sigue siendo firme. Sin embargo, hemos solicitado medidas provisionales a la Corte Interamericana, ya que las medidas cautelares son ineficientes. Hemos alertado a la Corte de este riesgo inminente y la misma Oficina del Alto Comisionado se pronunció de manera inmediata”.

No obstante, las evidencias recabadas por la OACDHONU, respecto de las implicaciones que tiene el Estado mexicano como autor de las agresiones contra los defensores de los derechos humanos y como principal responsable de la impunidad que se padece en el país, son insuficientes para que la Organización de las Naciones Unidas intervenga. Esto sólo lo podrá hacer cuando sus Estados miembros se pronuncien, aseguran funcionarios de esa institución.

“La única manera para que la ONU condene al Estado mexicano por la situación que viven sus defensores de derechos humanos y sus periodistas sería que alguno de los miembros lo acuse por su responsabilidad en estos crímenes de lesa humanidad.”

Defensores desaparecidos en lo que va del sexenio de Calderón

·      Raúl Ángel Mandujano Gutiérrez. Director de Atención a Migrantes de la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur del Gobierno del Estado de Chiapas, abiertamente vinculado con organizaciones civiles a favor de la población migrante. La noche del 2 de abril de 2009, cuatro sujetos armados lo habrían privado de su libertad mientras se encontraba en un conocido restaurante en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Hasta la fecha, se desconoce su paradero

·      José Francisco Paredes. Integrante de la Fundación Diego Lucero, AC. El 26 de septiembre de 2007, habría desaparecido en la ciudad de Morelia, Michoacán, cuando se dirigía a lavar su camioneta. Dos días después, su vehículo fue encontrado en la carretera rumbo a la salida a Salamanca. Las investigaciones iniciadas no han logrado identificar su paradero

·      Alicia Salaíz Orrantia. Integrante de la asociación civil de Derechos Humanos en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. El 8 de octubre de 2009, fue testigo del asesinato de su esposo, Paz Rodríguez Ortiz, y el 5 de noviembre siguiente habría sido detenida por un grupo de sujetos armados, sin que hasta la fecha se conozca su paradero

·      Víctor Ayala Tapia. Presidente de la organización campesina Frente Libre Hermenegildo Galeana. La mañana del 14 de septiembre de 2010, seis hombres armados llegaron a su casa, ubicada en el pequeño poblado rural de Papanoa, municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, y le exigieron su identificación. Luego lo obligaron a entrar en la camioneta que conducían y se marcharon. Desde entonces, no se le ha vuelto a ver

Fuentes: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional