miércoles, 15 de diciembre de 2010

México importa petrolíferos por 690 mil MDP


La reconfiguración de las refinerías de Pemex fracasó. Fox y Calderón gastaron más de 160 mil millones de pesos en instalaciones que no pueden operar al ciento por ciento de su capacidad. Mientras, sólo en lo que va del actual gobierno México ha tenido que importar petrolíferos por un monto que ya supera los 690 mil millones de pesos. No es todo: Suárez Coppel anuncia inversiones en empresas refinadoras de Estados Unidos, y Deer Park –una sociedad entre Pemex y Shell similar a las que se impulsarán en 2011– reporta pérdidas multimillonarias


El pasado 1 de diciembre, Juan José Suárez Coppel reveló que Petróleos Mexicanos (Pemex) buscará asociarse con refinerías estadunidenses para reducir el volumen de gasolina importada al país. Según el director general de la paraestatal, resulta más cara su construcción que el esquema de las sociedades.

Mientras la cúpula de la petrolera analiza los nombres de las empresas con las cuales se darán las asociaciones, la refinería Deer Park –ubicada en Houston, Texas, y que Pemex posee en sociedad con Shell– reporta pérdidas multimillonarias y la Secretaría de la Función Pública detecta irregularidades en las obras de modernización de la refinería Tula.

Más aún, tan sólo en lo que va del actual gobierno, la importación de gasolina, diésel y otros productos petrolíferos ha implicado un gasto superior a los 690 mil millones de pesos. De acuerdo con informes oficiales, las erogaciones en 2007 ascendieron a 151 mil 841 millones, y en 2008, 2009 y 2010, a más de 180 mil millones de pesos por año.

La cifra global habría alcanzado para construir 5.35 refinerías Bicentenario, cuyo costo se calcula en 129 mil millones. Esta obra, que sería la última que se edifique en territorio mexicano, generará más de 40 mil empleos directos e indirectos durante su construcción y 1 mil 400 empleos permanentes en su operación.

El monto de las importaciones también significa 4.31 veces la inversión que la petrolera mexicana y su subsidiaria Pemex Refinación han destinado, en una década, a la reconfiguración y modernización del Sistema Nacional de Refinación, integrado por seis complejos.

De acuerdo con la paraestatal, en 10 años el costo por obras relacionadas con el Proyecto Global de Reconfiguraciones, para tres refinerías (Cadereyta, Madero y Minatitlán), asciende a más de 13 mil millones de dólares (160 mil millones de pesos, a un tipo de cambio de 12.37 pesos por 1 dólar, establecido por el Banco de México para la jornada del 3 de diciembre de 2010).

En su página de internet, Pemex asegura que el plan de reconfiguración tiene como meta incrementar la capacidad de las seis refinerías. “De no aumentarla, para 2015 las importaciones [sólo de gasolina] podrían alcanzar 489 miles de barriles diarios, es decir la mitad de la demanda nacional”.

No obstante la multimillonaria inversión del Proyecto, ninguna de las seis refinerías opera al ciento por ciento de su capacidad, admite la propia paraestatal.

Durante la conferencia telefónica Resultados de Pemex al 30 de junio de 2010, el director corporativo de Operaciones, Carlos Murrieta Cummings, reveló algunos de los factores que impiden explotar la capacidad total de los complejos: mantenimientos que fueron diferidos de periodos anteriores y que se revisaron en el periodo reportado; mantenimientos correctivos de plantas no previstos durante el periodo enero-junio y mantenimientos realizados de acuerdo con los ciclos programados en el periodo.

A decir del funcionario, en el segundo trimestre de 2010, la capacidad utilizada de destilación disminuyó de 82 a 81 por ciento, debido principalmente a fallas de energía eléctrica en las refinerías de Madero y Tula. Todos los complejos tuvieron afectación por ese mismo motivo, dijo.

El 30 de julio pasado, Murrieta Cummings también reconoció que la producción de petrolíferos disminuyó de 1 millón 430 mil a 1 millón 417 mil barriles diarios, como resultado del menor proceso de crudo.

La Coalición Petrolera Independiente, AC, advierte que Pemex intensifica su “política” para desmantelar las subsidiarias. En el caso del Programa de Reconfiguraciones, señala que no ha dado resultados en ninguna de las refinerías, pues los trabajos sólo han beneficiado a empresas privadas. Una auditoría de la Función Pública confirma que, en el caso de la refinería Tula, la modernización no ha derivado en una mayor capacidad.

Mario Ross García, trabajador de la paraestatal y líder de dicha Coalición, indica en entrevista que hay “connivencia” entre la paraestatal y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que dirige Carlos Romero Deschamps. Este último, dice, ha firmado convenios de liquidación para terminar la relación laboral con trabajadores de áreas estratégicas sindicalizados. Las plazas son canceladas y las áreas, cedidas a las trasnacionales.

Inversiones en Estados Unidos

El Proyecto Global de Reconfiguraciones –aprobado en 1997 y ejecutado a partir de 2001– no sólo se ciñe a la modernización de la infraestructura ya creada, sino que promueve nuevas construcciones: “Para producir la gasolina que se requerirá, en 20 años, en México será necesario, además de la reconfiguración de las refinerías existentes, poner en operación una nueva refinería cada tres o cuatro años”.

Hasta hace no mucho tiempo, los directivos de la paraestatal consideraban prioritario ese plan, porque “Pemex importa cuatro de cada 10 litros de gasolina que consumimos en el país, a un costo superior a los 10 mil millones de dólares al año [123 mil 700 millones de pesos]. Por si fuera poco, además del costo que representa, el hecho de importar gasolinas se traduce en que México esté financiando empleos e inversiones en el exterior, que podrían generarse internamente”.

Ahora, la administración de Suárez Coppel abandona el Programa Global de Reconfiguraciones para impulsar inversiones en Estados Unidos. Los esquemas de asociación con trasnacionales que impondrá la cúpula del Corporativo no sólo no son nuevos, sino que son ineficaces.

Deer Park Refining Limited Partnership es una sociedad al 50 por ciento entre PMI Norteamérica –filial privada de Pemex– y Shell. Ubicada en Texas, Deer Park sólo representa ganancias para la trasnacional. Entre otros beneficios, permite a Shell adquirir todos los productos resultantes de esa refinería, con base en el Acuerdo de Transferencia de Productos, firmado el 31 de marzo de 1993.

Contrario a ello, la copropiedad le reporta números rojos a PMI Norteamérica, y por consiguiente a Pemex. Tan sólo en 2008, la filial registró una pérdida bruta de 2 mil 208 millones 700 mil pesos relacionados con su operación.

Pemex asegura que el multimillonario déficit “se obtuvo al considerar sus ingresos por la venta de productos refinados a Shell (único cliente), menos el costo de ventas, que incluyó la cuota de procesamiento pagada a Deer Park, comisiones y gastos (fees & expenses) y fletes marítimos, en los que la compañía incurrió para poder realizar sus operaciones de la refinación de petróleo crudo”.

De acuerdo con el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, de la Auditoría Superior de la Federación, en el Estado de resultados de PMI Norteamérica se constató que “el costo de ventas fue superior en 2.9 por ciento sobre los ingresos obtenidos en el año.

“La Gerencia de Control Presupuestal de Pemex mencionó que lo anterior ocurrió como consecuencia de la caída de precios del petróleo durante el segundo trimestre de 2008, lo que ocasionó un desfase en el precio de venta de barril refinado, el cual fue menor que la suma del barril crudo comprado con sus costos incurridos.”

Irregularidades en obras

Pese a esas evidencias, el esquema de sociedades que se dará en 2011 –según los planes de la Dirección Corporativa de Pemex– pondría en riesgo, aún más, la capacidad de las refinerías en México.

Y es que, hasta ahora, la petrolera ha sido incapaz de resolver los problemas de su Sistema Nacional de Refinación. Así lo revela la auditoría 35/2009, realizada por el Órgano Interno de Control en Pemex Refinación, aplicada a la Subdirección de Producción de la Refinería Miguel Hidalgo, Tula de Allende, Hidalgo.

De acuerdo con la auditoría, cuya copia posee Contralínea, en el último trimestre de 2009 se observó la “reducción de la rentabilidad y utilización de la planta productiva de la refinería, con motivo de la conversión de la planta H-OIL hidrodesulfuradora de residuales a hidrodesulfuradora de gasoleos de vacío”.

Además, señala que, “al 15 de diciembre de 2009, la planta H-OIL como hidrodesulfuradora de gasoleos de vacío sólo opera con un tren, el cual tiene la capacidad de 25 MBD [miles de barriles diarios], ya que el otro tren ha presentado fallas desde su conversión, lo que pudiera haber provocado que se continúe importando gasolina Magna UBA”.

La auditoría revela que “en el informe presentado al Consejo de Administración, se especificó una inversión para la ejecución del proyecto de 28 mil 800 millones de dólares, incluyendo un catalizador y que se tendría un valor presente neto de 31 mil millones de dólares y una tasa interna de retorno de 51 por ciento, por lo que la inversión se recuperaría en dos años, aproximadamente. Sin embargo, en el análisis de costo beneficio del 17 de diciembre de 2007 se planteó una inversión de 23 millones 938 mil dólares, el valor presente neto de 5 mil 743 millones de dólares y una tasa interna de retorno de 32.83 por ciento, por lo que se esperaba una recuperación de la inversión en tres años aproximadamente, situación que se considera aclarar tomando en cuenta que al 15 de diciembre de 2009 no se ha cumplido con ninguna de las metas planteadas, contraviniendo lo presentado al Consejo de Administración”.

Para la elaboración de este trabajo, se solicitó conocer la opinión de Petróleos Mexicanos, a través de Francisco Montaño, coordinador de Información y Prensa. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.


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Represión en Pemex

En agosto de 2010, María Concepción Covarrubias destinó sus vacaciones a una huelga de hambre por la justicia sindical en Petróleos Mexicanos (Pemex).

La agremiada al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, integrante de la Coalición Petrolera Independiente y trabajadora de Pemex Gas y Petroquímica Básica, pasó 17 días instalada en el Zócalo de la ciudad de México sin probar alimentos. Perdió 11 kilogramos y enfrentó dos crisis por descompensación.

La mujer de 51 años pedía que se respetara la resolución del expediente 610 y del recurso de amparo 530, dictado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en agosto de 2009, para reponer las elecciones de 2007 que Carlos Romero Deschamps ganó de “manera ilegal”.

Madre soltera de tres jóvenes, María Concepción también solicitaba que se revisara el destino de las cuotas sindicales y se evitara que éste fuera el pago del Pemexgate. Además, que se retiraran las empresas extranjeras del sector energético y se le diera oportunidad a los mexicanos.

En su pliego petitorio exigía equipo para ella y para sus compañeros, pues “con el pretexto de que no tenemos los implementos necesarios no nos dejan trabajar. Así es como justifican la presencia de las trasnacionales en el Sistema Nacional de Refinación”. También, requería recursos para impulsar los trabajos tecnológicos del Instituto Mexicano del Petróleo.

A cambio, lo que recibió en septiembre pasado fue una incapacidad que no le ha permitido regresar a sus labores. Según sus jefes inmediatos, ella padece una enfermedad mental. “Me reincorporé el 20 de septiembre. Al siguiente día, Sergio Dorberker Rojano, representante sindical de la Sección 15, llegó acompañado de Felipe Escamilla. Traían mi pase de salida para llevarme al hospital. Yo no podía negarme a salir de las instalaciones de Pemex”.

María Concepción cuenta que el pretexto fue hacerle una evaluación médica a la que todos los trabajadores son sometidos, según mandan los estatutos gremiales. “De ahí, me mandaron al neurólogo y luego al siquiatra. Dicen que estoy loca, pero eso será por exigir mis derechos laborales. Desde entonces no me dejan trabajar”.

María Concepción es obligada a acudir cada semana al siquiatra para que le renueven la incapacidad. El médico, sin embargo, aún no le diagnostica enfermedad alguna. Ella alega ser víctima de represión laboral: “Me quieren jubilar a fuerza para que ya no exija mis derechos”.

No obstante, asegura: “Voy a seguir en la lucha para dejar a mis hijos y a mis nietos un mejor país. No se vale que a Pemex lo estén quebrando a propósito. No lo vamos a permitir. El dinero del pueblo que se le quede al pueblo”.

Contralínea pidió a la Gerencia de Comunicación Social su versión respecto del caso de Covarrubias. Hasta el cierre de edición, la petrolera no dio respuesta.


miércoles, 1 de diciembre de 2010

Pemex Refinación, el negocio de los barcos




Sin licitación de por medio, Pemex Refinación comprará en breve cinco buques tanque por más de 2 mil 700 millones de pesos. La adquisición beneficiará a empresas intermediarias, denuncian armadoras trasnacionales que quedaron fuera de la restringida invitación. Mientras la Secretaría de la Función Pública busca que se realice una puja para abaratar los costos, la administración de Suárez Coppel negocia ya los precios de los barcos

La más importante licitación pública internacional de Pemex Refinación en 2010 –la R0-LP-906-001, que comprometía recursos públicos por 200 millones de dólares (equivalentes a más de 2 mil 700 millones de pesos)– se declaró desierta el pasado 8 de octubre tras protagonizar un cuestionado proceso.

De acuerdo con las bases, ésta tenía como fin adquirir “hasta cinco buques tanque de doble casco, con año de terminación de construcción de 2007, 2008, 2009 o 2010, para efectuar el transporte de productos petrolíferos de un importe mínimo de 40 mil toneladas de peso muerto, a precio fijo”.

Esas mismas bases impidieron la participación de las compañías que producen y son dueñas de las embarcaciones ofertadas, denuncian fuentes de la propia paraestatal y representantes de armadoras trasnacionales, quienes califican el proceso como “amañado”.

Cinco días después de declararlo desierto, el 13 de octubre, la Dirección General de Petróleos Mexicanos (Pemex), que encabeza Juan José Suárez Coppel, habría encargado directamente a su filial PMI Comercio Internacional buscar y localizar los navíos con los requerimientos técnicos establecidos en la licitación, revelan las fuentes de la paraestatal que solicitan el anonimato.

Indican que la petición se habría hecho con el objeto de realizar la compra de los buques tanque antes de cerrar el año fiscal 2010, y así no perder el presupuesto asignado por la Cámara de Diputados. Ello, sin que se haga de nueva cuenta la convocatoria pública internacional: ahora, los contratos se asignarán por invitación restringida.

La urgencia de la paraestatal no sólo se debe al presupuesto: a lo largo de este año, Pemex Refinación ha dado de baja seis embarcaciones (las arrendadas Potrero del Llano 2, Choapas 2, Amatlán 2, Faja de Oro 2; y las de su propiedad, Guadalupe Victoria 2 y Tulum), por considerarlas obsoletas. Ello, con base en un plan de sustitución de infraestructura realizado por la petrolera mexicana.

A finales de octubre, PMI Comercio Internacional ya habría proporcionado, tanto a la Dirección General de Pemex como a la Subdirección de Distribución de Pemex Refinación, un listado de ocho buques tanque que oferta principalmente la intermediaria (o broker) RS Platoua.

Con base en ese listado, el pasado 22 de noviembre la subsidiaria habría mandado invitaciones restringidas a ésa y a otras brokers, que competirán de manera restringida para agenciarse los contratos.

A decir de los funcionarios consultados por Contralínea, al declarar desierto el concurso público internacional, Pemex Corporativo y Pemex Refinación garantizaron un rentable negocio a las intermediarias, que obtendrán entre 10 millones y 20 millones de dólares de ganancias por cada barco.

Sobrecostos

Los sobrecostos no serían sólo suposiciones de quienes quedaron fuera del proceso licitatorio R0-LP-906-001. De acuerdo con el acta del fallo, la única oferta que cumplió con los requisitos establecidos por las bases de la licitación registró un sobreprecio del 38.6 por ciento.

Se trató del barco Histria Azure, presentado en esta convocatoria pública internacional por la intermediaria mexicana Apoyos en Servicios Administrativos del Golfo, SA de CV, con un costo final para Pemex Refinación de 43 millones 346 mil 608 dólares.

No obstante, el valor actualizado de dicha embarcación asciende a 31 millones 275 mil 301 dólares, revela la investigación de precios realizada por la propia Gerencia de Administración Marítima y Portuaria de la subsidiaria.

El plan de sustitución de infraestructura de Pemex –que observa la necesidad de comprar 20 buques con características similares– también establece un rango de costos, y como precio máximo estima 35 millones de dólares por embarcación.

Los representantes de las armadoras extranjeras indican que si Pemex Refinación comprara los buques sin involucrar a terceros, podría ahorrar a las finanzas públicas de México hasta 20 por ciento del costo.

Critican que la participación de brokers no sólo evita obtener los mejores precios para la paraestatal, sino que, adicionalmente, distorsiona el mercado: genera artificialmente una demanda extraordinaria de buques tanque.

Pero en esta compra, las armadoras y dueñas de los buques no estuvieron y no estarán invitadas. Ninguno de sus representantes fue convocado el pasado 22 de noviembre al restringido proceso que, en breve, otorgará los multimillonarios contratos.

De la licitación, también quedaron fuera. Sólo una de las 19 empresas que compraron las bases es extranjera, pero no se trata de un astillero propietario de barcos, sino de una broker trasnacional.

Una puja, “la solución”

Mientras las administraciones de Suárez Coppel, en Pemex Corporativo, y de Miguel Tame, en Pemex Refinación, buscan adjudicar lo antes posible los contratos de adquisición de los cinco buques tanque, la Secretaría de la Función Pública (SFP) trata de negociar que el proceso se lleve a cabo como una puja comercial, para abaratar los costos.

Fuentes de la dependencia encargada de salvaguardar el erario indican que las negociaciones se están llevando al más alto nivel, pues el mercado de las embarcaciones es muy cerrado y los competidores suelen ponerse de acuerdo en los precios.

Refieren que la propia SFP cuenta con un área de análisis de mercado, donde se estudiaron los precios que se ofertaron a lo largo de la licitación, y coinciden en la detección de sobrecostos.

La puja, dicen las fuentes, “reventaría” las deficiencias del mercado y posibilitaría a la paraestatal obtener mejores precios no sólo en esta compra, sino en las futuras. Sin embargo, se muestran escépticos ante las negociaciones, porque “hay demasiados intereses” en ese negocio.

Respecto de la próxima adjudicación directa, que implicará recursos públicos por más de 2 mil 700 millones de pesos, explican que se tratará de un proceso lícito, puesto que Pemex Refinación requiere de esa infraestructura y la ley contempla la invitación restringida después de que se declara desierta la licitación pública.

Acerca de la invitación a brokers, justifican que no todas las armadoras venden de forma directa los barcos. No obstante, critican que, en Pemex, “quienes hacen los negocios son las brokers de las brokers”.

Las irregularidades

Aunque al darse el fallo de la licitación no estuvo presente ningún representante de la Función Pública, salvo el asignado por el Órgano Interno de Control en Pemex Refinación, la dependencia obligó a la paraestatal y a la subsidiaria a declarar desierto el proceso, debido a las irregularidades detectadas, indican las fuentes.

Entre otras anomalías, destaca que todas las ofertas omitieron entregarse en sobre cerrado, lo que constituyó una violación al artículo 134 constitucional y a las bases de la licitación. Además, que la filial privada de Pemex, PMI Norteamérica, estaba impedida para participar en el proceso.

Para la elaboración de este trabajo, se solicitó conocer la posición de Petróleos Mexicanos. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.

miércoles, 24 de noviembre de 2010

Amenazas contra defensores del Frayba


Riesgo a la vida e integridad por nuevas amenazas a defensores de
Derechos Humanos en Chiapas
Margarita Martínez e integrantes del Frayba

El día de hoy, 24 de noviembre de 2010, este Centro de Derechos Humanos tuvo conocimiento de nuevos actos, ocurridos en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, que ponen en riesgo la vida y la integridad de la defensora Margarita Guadalupe Martínez Martínez e integrantes del equipo Frayba.

El testimonio de Margarita Martínez sustancialmente refiere lo siguiente “el día de hoy después de haber sostenido una entrevista con un funcionario de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, me dirigí a un café ubicado en la zona centro de esta ciudad para tomar algo; al salir del café busque a la persona que tengo asignada de custodia (Margarita cuenta con medidas precautorias recomendadas por la CIDH) pero no lo encontré, por eso caminé una cuadra y fue ahí en donde me interceptaron dos personas, uno a bordo de una camioneta Ranger blanca sin placas de circulación y el otro a pie, este último me indicó que caminará dos cuadras porque ahí encontraría a una persona que me daría indicaciones”.

Margarita continúa relatando “Camine al lugar indicado, pues me amenazaron de muerte si no cumplía los pasos, al llegar ahí una persona me entrego un papel con letras recortadas de papel periódico que dice: “Diego en tus/ manos esta la vida / de esta familia / enfrentarás cargos / Defensores la verga” despúes me dijo que lo llevara al Frayba porque son unos pinches culeros de mierda, solo andan desestabilizando al Estado, justifican sus gastos según a favor de los más necesitados a favor de la justicia, que justicia ni que la madre justicia, mi verga”.

Después de exigirle que trasmitiera otras amenazas más a los integrantes del Frayba le indicaron caminar un par de cuadras tomar un taxi, dirigirse al panteón municipal “para que puedas platicar con tus muertitos porque ya pronto te vas a encontrar con ellos”, volver a tomar un taxi para dirigirse al mercado “sin hacer pendejadas porque eres persona muerta”.

Margarita, fue vigilada desde la camioneta blanca para que cumpliera el recorrido que le habían indicado, al llegar al centro de la ciudad y por el trafico vehicular logra perder de vista a sus agresores, llegando después a las instalaciones de este Centro de Derechos Humanos.

El policía que estaba responsable de su seguridad, indicó que en ningún momento se alejó del café en donde se encontraba Margarita, argumentando que estuvo vigilando las puertas del local y que en ningún momento vio salir a Margarita.

Contexto y antecedentes.
El día de ayer de manera extraña hubo un corte a la energía eléctrica en su domicilio, por lo que las cámaras de seguridad dejaron de funcionar.

Margarita Martínez y su familia cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por lo que de manera permanente cuentan con seguridad policial de parte del gobierno del Estado de Chiapas.

miércoles, 10 de noviembre de 2010

Llegan Cuerpos de Paz de EU a México


Los voluntarios trabajarán en Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, Puebla, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala

Ariadna García

Ciudad de México  (10 noviembre 2010) Reforma.-   Al menos 39 voluntarios del Cuerpo de Paz de Estados Unidos llegaron a México para prestar servicios en áreas de tecnología, educación ambiental y manejo de recursos naturales, entre otros.

En un comunicado emitido por la Embajada estadounidense en México, se informó que el Encargado de Negocios de la representación, John Feeley, recibió el juramento de los 39 voluntarios que trabajarán con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp).

Los voluntarios, informó la Embajada, trabajarán en Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, Puebla, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

El Cuerpo de Paz estadounidense fue establecido por el Presidente John F. Kennedy hace 50 años, para promover la paz mundial y el entendimiento mutuo.

"Hoy día no hay dos países que estén más estrechamente conectados a lo largo de sus fronteras que México y Estados Unidos. La presencia del Cuerpo de Paz en México es una de muchas conexiones cruciales en la densa red de nuestra relación bilateral. Está construyendo nuestro futuro común con base en nuestras metas compartidas y está construyendo vínculos que perduran de amistad y de buena voluntad", señaló Feeley.

La Embajada estadounidense informó que el Gobierno de México invitó al Cuerpo de Paz en 2003 para asignar a profesionales con experiencia a trabajar con Conacyt y con instituciones mexicanas dedicadas a investigación y desarrollo en las áreas de ciencia y tecnología.

En 2006 se firmó un nuevo acuerdo con la Semarnat a través del cual los voluntarios del Cuerpo de Paz trabajan con Conanp, la Comisión Nacional Forestal y con oficinas de la dependencia del medio ambiente en distintos Estados.

En lo que va del 2010, 33 voluntarios del Cuerpo de Paz han trabajado con Semarnat en programas de manejo de áreas protegidas, ecoturismo, educación ambiental y desarrollo de negocios sostenibles; 12 voluntarios han llevado a cabo programas con Conacyt en transferencia tecnológica, tecnologías de la información, desarrollo de negocios y organizaciones y enseñanza del idioma inglés.

"Desde que el Cuerpo de Paz comenzó a enviar voluntarios a México, 180 voluntarios han prestado sus servicios aquí", indicó la sede diplomática estadounidense.

domingo, 24 de octubre de 2010

SFP investiga irregularidades en Pemex por 13 mil MDP

Pemex “invirtió” más de 13 mil millones de pesos en valores, que originalmente la Cámara de Diputados había asignado para inversión en infraestructura. La operación –que ya investiga la Función Pública– fue avalada por Georgina Kessel, secretaria de Energía; Gerardo Ruiz Mateos, jefe de la Oficina de la Presidencia; Agustín Carstens, gobernador del Banxico, y Rafael Elvira Quesada, secretario del Medio Ambiente. El dinero salió del Fondo Ingresos Excedentes, señalado por su opacidad


La secretaria de Energía, Georgina Kessel Martínez, autorizó a Petróleos Mexicanos (Pemex) “invertir” 13 mil 68 millones 800 mil pesos en valores, con dinero extraído del Fondo Ingresos Excedentes (Fiex), revela un acta del Consejo de Administración de la paraestatal.

La operación se dio a pesar de que los recursos están destinados únicamente a la inversión en infraestructura de la petrolera y cuatro de sus cinco subsidiarias, como lo establece la Cámara de Diputados en los presupuestos de egresos.

Además de Kessel, Gerardo Ruiz Mateos, jefe de la Oficina de la Presidencia; Agustín Carstens Carstens, gobernador del Banco de México, y Rafael Elvira Quesada, secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, figuran entre los servidores públicos de alto nivel que avalaron la transacción.

Así lo demuestra el acta de la sesión extraordinaria 776 del Consejo de Administración de Pemex, de la cual Contralínea tiene copia. A solicitud de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiga, desde finales de 2009, la multimillonaria operación realizada al margen de la ley.

La historia de esta transacción inició en febrero de 2007, cuando Pemex Corporativo canalizó los más de 13 mil millones de pesos a una cuenta de inversiones en valores, también conocidas en el mundo financiero como “reservas secundarias de dinero”.

El Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, elaborado por la ASF, documenta que en el siguiente ejercicio continuaron las irregularidades relacionadas con ese capital.

Los recursos “permanecieron para 2008 en disponibilidades, sin ser aplicados en gastos de inversión en infraestructura de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, en contravención del artículo 25, fracción I, inciso N, tercer párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006”.

El máximo órgano de fiscalización del país indica que la sustracción de los recursos fue posible por el acuerdo CA/005/2007, signado por el Consejo de Administración de la petrolera del Estado.

De acuerdo con el acta 776 –obtenida por Contralínea a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental–, la secretaria Kessel presidió aquella sesión del 27 de febrero de 2007.

Con base en el acuerdo, Pemex “invirtió” el capital en valores y no en infraestructura como lo marca la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las reglas del propio fideicomiso público y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

El acuerdo CA/005/2007 implicó que, de los 45 mil 592 millones 800 mil pesos derivados de los excedentes de la venta del petróleo, 13 mil 68 millones 800 mil pesos (el 28.66 por ciento) se invirtieran en valores. Con ello, el dinero etiquetado a la inversión en infraestructura de cuatro subsidiarias se redujo a 32 mil 524 millones de pesos en ese ejercicio.

A fines de 2009, la Auditoría Superior de la Federación denunció la multimillonaria e irregular operación ante el Órgano Interno de Control en la SHCP, que depende de la Secretaría de la Función Pública.

Esa transferencia de recursos del Fiex no es la única en la que estarían involucrados funcionarios de primer nivel de este gobierno. El 23 de julio de 2009, la ASF comprobó, por medio del oficio DCF-SPP-GCP-0664/2009, que otros 161 millones 580 mil pesos del Fondo Ingresos Excedentes se mantuvieron en inversiones en valores.

Ello contravino “el punto 6.1 de las Reglas de Operación del Contrato de Comisión Mercantil del fondo Fiex, el cual señala que la Gerencia de Presupuestación de Pemex dará a conocer, previo al inicio de cada ejercicio fiscal, a los organismos subsidiarios y a la Gerencia de Tesorería de Pemex el importe que le corresponde de los recursos que se tienen en la subcuenta de Comisión Mercantil”, acusa la Auditoría.

Aunado a ello, el artículo 223 del Código Penal Federal establece que comete el delito de peculado “I. Todo servidor público que para usos propios o ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa”.

Excedentes se usan en pago de deuda

El acta de la sesión extraordinaria 776, rubricada por Kessel Martínez, revela también que los recursos que la Cámara de Diputados asigna a la petrolera para inversión en infraestructura se destinan al pago de la deuda derivada de los Pidiregas (proyectos de infraestructura productiva a largo plazo).

En su página 12, indica: “Se informa al Consejo de Administración que el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2007, autorizado por la Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión para Pemex fue de 140 mil 803 millones de pesos. De éstos, 84 mil 567 millones fueron asignados a operación (…). El gasto en inversión prácticamente sólo alcanza para cubrir la amortización (registro) de Pidiregas, por 55 mil 756 millones de pesos”.

La Memoria de labores 2008 de la paraestatal descubre que, a lo largo de los años, la tendencia ha sido la misma. “En 2008 se ejercieron 2 mil 274 millones 600 mil pesos del Fondo Ingresos Excedentes, los cuales se aplicaron en su totalidad al pago de amortizaciones Pidiregas”.

Esa deuda implica más de medio billón de pesos. En su Memoria de labores 2009, Petróleos Mexicanos indica que, a partir de ese año, los financiamientos relacionados con Pidiregas se reconocen como “deuda pública directa”. Agrega que “el monto reconocido como inversión física fue de 516 mil 864 millones 700 mil pesos”.

Explica, además, que el 90.4 por ciento del total de reconocimiento de deuda Pidiregas, en el rubro de inversión (que no incluye el efecto del reconocimiento de deuda en el gasto de operación), correspondió a Pemex Exploración y Producción; 8.1 por ciento, a Pemex Refinación; 1.4 por ciento, a Pemex Gas y Petroquímica Básica, y 0.1 por ciento, a Pemex Petroquímica.

Fiex, señalado por su opacidad

Para el máximo órgano de fiscalización en México, el manejo que ha hecho la paraestatal del Fondo Ingresos Excedentes es cuestionable. En el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, señala que Pemex omitió reportar a la Secretaría de Hacienda las aplicaciones y los ingresos del Fiex y de un segundo fideicomiso llamado Fondo Excedentes (Fex), por un monto de 20 mil 578 millones 116 mil pesos. Ambos fondos, tutelados por la paraestatal.

El señalamiento lo hizo tras comparar la disponibilidad de los fondos Fiex y Fex reportada en el Anexo XVII, Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos que no son Entidades –con registro vigente al 31 de diciembre de 2008–, con los Estados de Situación Contable de ambos fideicomisos, emitidos por su fiduciario, el Banco Santander.

Respecto del Fiex, las diferencias se originan porque Pemex no reportó las aplicaciones que se realizaron desde el ejercicio 2007. Asimismo, del fondo Fex la entidad fiscalizada no reportó los recursos excedentes recibidos al cuarto trimestre de 2008, detalla la ASF.

A decir del órgano fiscalizador, “esta situación propicia que la información publicada no refleje el monto exacto de los fondos, en cuanto a disponibilidad de recursos, en infracción de los artículos 9, quinto párrafo, y 11, tercer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 217 y 296, de su reglamento, y 23, último párrafo de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2008”.

Contralínea consultó los reportes trimestrales emitidos por la SHCP de los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010. Éstos evidencian una merma superior a los 4 mil millones de pesos en el fondo Fiex, que podría deberse al desaseo en las cifras señalado por la ASF.

Mientras los anexos de la Información sobre Fideicomisos, Mandatos y Análogos de 2007 y 2008 refieren una disponibilidad de entre 32 mil millones y 34 mil millones de pesos, los de 2009 y 2010 indican disponibilidades apenas de 400 millones, que se redujeron gradualmente hasta 1 millón de pesos.

Respecto de la multimillonaria caída en la disponibilidad del Fondo Ingresos Excedentes, registrada entre diciembre de 2008 y marzo de 2009, la Secretaría de Hacienda argumenta que se debe a la creación de un nuevo fideicomiso, al cual se le habrían transferido los recursos.

“El decremento respecto del trimestre anterior se debe principalmente al traspaso de la disponibilidad reportada al cierre de 2008 en el Fiex de Pemex al Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos (FEIIP), el cual no ha registrado las aportaciones debido a que se está instaurando el Comité Técnico.”

Sin embargo, los registros para el segundo trimestre de 2009 en ambos fideicomisos no reflejan el importe que se tenía como disponibilidad a fines de 2008, por 34 mil 409 millones 711 mil pesos.

Y es que, para junio de 2009, el Fiex indicó una disponibilidad de 424 millones 639 mil pesos, mientras que el FEIIP refirió 29 mil 968 millones 877 mil pesos en el mismo rubro. La merma entre esas cantidades y la disponibilidad previa suma 4 mil 22 millones 254 mil pesos, de los cuales Pemex no aclaró su destino en los reportes de la SHCP.

Para la elaboración de este trabajo, Contralínea solicitó conocer las versiones de la Secretaría de Energía (Sener) y Pemex. Ambas dependencias requirieron solicitudes por escrito, las cuales se enviaron a Salvador Cortés Mora, director de Información de la Sener, y a Reyna Zea, gerente de Comunicación Social de Pemex, respectivamente. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.

lunes, 11 de octubre de 2010

EU acusa a HSBC de violar normas antilavado

El portal Lavadodinero.com detalla que, en lo que se considera el primer paso antes de una millonaria sanción, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro y la Reserva Federal de Estados Unidos emitieron este jueves sanciones por separado contra el HSBC North America Holding Inc. por violaciones sistémicas a las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario.

A principios del mes de septiembre, la OCC emitió una orden de consentimiento, mientras que la Reserva Federal una orden de cesar y desistir en contra del HSBC USA. Estas acciones preceden lo que se espera sea la mayor multa de la historia por deficiencias antilavado impuesta por el Departamento de Justicia, la cual consideran algunos funcionarios ligados al proceso que pudiera alcanzar los US$500 millones.

Las deficiencias citadas este jueves en las acciones regulatorias incluyen deficiencias en el monitoreo de actividades sospechosas, en el proceso de debida diligencia de los clientes y en las auditorias independientes, incluyendo las cuentas relacionadas a las personas políticamente expuestas (PEPs). Los reguladores encontraron las deficiencias en las Gerencia de Pagos y Efectivo, Instrumentos Globales y en la división de operaciones corresponsales internacionales.

La OCC informó que la orden de consentimiento no imposibilita que el banco reciba una sanción adicional. Según Dennis Lormel, un ex encargado de la división de Crímenes Financieros del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus iniciales en inglés), se entiende que estas acciones son solo un “primer disparo” por parte de los reguladores.

El alcance de los problemas antilavado del banco es sistémico y puede significar una gran multa si el banco no corrige la situación rápidamente, dijo el ex investigador federal.

HSBC USA dijo en un comunicado que ha “cooperado ampliamente con los reguladores para alcanzar este acuerdo y continúa cooperando en la elaboración de los términos del acuerdo, y con otras agencias gubernamentales de investigación”.

En respuesta a las preocupaciones de los reguladores, el banco reorganizó el proceso de reportes de operaciones sospechosas y amplió los controles antilavado, particularmente en la división de pagos de dólares estadounidenses. La institución financiera también invitó a las líneas de negocios a hacer un esfuerzo por dinamizar el negocio del banco.

El banco también duplicó su personal de cumplimiento, indicó su vocero Robert Sherman: “Nosotros no alcanzamos las expectativas de los reguladores ni las de nosotros mismos”.

Tercer strike

En abril de 2003, el HSBC USA tuvo que firmar un acuerdo con la Reserva Federal y con el Departamento Bancario Estatal de Nueva York por problemas en su programa antilavado de dinero. Al igual que en estas nuevas acciones, la acción regulatoria del 2003 destacó problemas de diligencia debida, monitoreo de clientes y reportes de actividades sospechosas.

“Este es el strike número tres, porque típicamente no recibes un strike número dos. La alta gerencia está supuesta a aprender de los errores pasados”, explicó un ex funcionario federal de un organismo regulador que trabajó en el proceso de examinación del HSBC en el año 2003.

En la nueva acción, la OCC critica al HSBC USA por fallar en el monitoreo de las 2/3 partes de las transferencias cablegráficas ejecutadas por la División de Pagos y Efectivo. Entre 2006 y 2009 el banco también falló en el monitoreo de las transacciones masivas de efectivo relacionadas a las empresas filiales controladas por la compañía matriz HSBC Holdings Plc.

La agencia federal estadounidense también indicó que el banco calificó el riesgo de los clientes PEP de manera insuficiente y además presentó tarde un “número sustancial” de reportes de operaciones sospechosas. El regulador señaló que las violaciones del HSBC fueron debido a un personal inadecuado, a una pobre recolección de datos y una confianza injustificable en los programas ALD de sus empresas filiales.

Por su parte, la Reserva Federal en el documento de 12 páginas de la orden de cesar y desistir, le pidió al banco destinar más recursos financieros para personal, para asegurar que la división antilavado tenga un “estatus apropiado” dentro de la compañía y para sostener mejor la gerencia para cumplir puntualmente con las responsabilidades de cumplimiento.

La medida de la Reserva Federal “es más un llamado a la alta gerencia por no prestarle suficiente atención a las necesidades de personal y recursos del cumplimiento ALD”, afirmó el ex examinador federal. “Esto luce como si cumplimiento estaba solicitando más recursos y ellos más bien los redujeron”, señaló.

Fuente: Lavadodinero.com

sábado, 4 de septiembre de 2010

México, violencia por dos vías




La guerra que ha emprendido Felipe Calderón en México, desde que asumió la Presidencia, es una farsa. Su objetivo ha sido legitimar su gobierno y, de alguna manera, la severa represión que padecen los mexicanos (una especie de Estado fascista apoyado, como cualquier dictadura, en las Fuerzas Armadas).
Decir que la guerra es una farsa no significa que nuestro país no esté inmerso en un clima de violencia o que los más de 28 mil civiles ejecutados extrajudicialmente no existan. Eso existe.
Significa que, lejos de combatir la delincuencia, esta guerra le permite al gobierno violentar a la sociedad por dos vías: la del propio crimen (con asesinatos, secuestros, levantones, trata de personas, prostitución infantil, venta de drogas) y la de la militarización (que también genera asesinatos, violaciones sexuales, detenciones ilegales, amenazas, allanamientos ilegales, uso de comandos especiales clandestinos, desapariciones forzadas, entre otras violaciones a los derechos humanos que recuerdan el lúgubre periodo conocido como Guerra Sucia).
También significa que los cárteles continúan su actividad sin menoscabo y que ninguna red de protección ha sido siquiera investigada, mucho menos desmantelada (en el sector empresarial, en el circuito financiero y en el gobierno –sobre todo en los niveles más altos, como la Presidencia y su gabinete).
Decir que la guerra es una farsa no es una simple aseveración. Hay cifras oficiales que se ocultan a la sociedad, generadas por el gobierno mexicano y el estadunidense que documentan esto. Al respecto, en Contralínea publiqué un reportaje que da cuenta de esos resultados en tres ámbitos, el judicial, el financiero y el social.
Ámbito judicial. De acuerdo con el gobierno de Calderón, desde que se inició la guerra se han detenido a más de 120 mil “delincuentes”; sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene otros números que no justifican la ola de violencia desatada en este país.
De acuerdo con la Procuraduría, entre diciembre de 2006 y febrero de 2010, sólo 1 mil 306 miembros de ocho organizaciones criminales mexicanas han sido consignados ante la autoridad judicial, acusados de delincuencia organizada, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El cártel del Golfo-Zetas –ahora dividido– sumaba 609 individuos consignados. El de los Beltrán Leyva, 223; La Familia Michoacana, 145; Tijuana, 135; Sinaloa, 114; Juárez, 78; Díaz Parada, uno; Valencia Valencia, uno. Mientras que del cártel Amezcua Contreras no se tiene un solo consignado.

La PGR revela, además, que no todos los detenidos fueron consignados.

¿Y dónde están los 121 mil detenidos que presume la administración? Pues tal vez existen, pero no son ni medianamente las redes de los criminales organizados. Son quizá narcomenudistas, consumidores, burros, campesinos o incluso inocentes.

Más dramáticas todavía son las estadísticas que reporta el Consejo de la Judicatura Federal, que revelan la impunidad del crimen organizado [Ver tablas].


Esos son los resultados de una guerra que implica a más de 94 mil soldados en las calles.
En materia de erradicación de plantíos de mariguana y amapola y el decomiso de drogas, encontramos otras evidencias de la farsa. El Departamento de Estado de Estados Unidos señala en su más reciente reporte sobre drogas que “2009 representa el sexto año consecutivo de descenso. La erradicación de amapola también registró niveles por debajo de los históricos: hasta noviembre de 2009 se habían erradicado 11 mil 471 hectáreas, mientras que en 2008 sumaron 13 mil 189 hectáreas”.
Respecto de la marihuana, indica que, hasta noviembre de 2009, se erradicaron 14 mil 135 hectáreas, en comparación con las 18 mil 663 erradicadas en 2008 y con las 30 mil hectáreas como promedio anual en el periodo de 2002 a 2006.

Ámbito financiero. Las cifras oficiales del lavado de dinero vinculado con la mafia de las drogas, que presentan Estados Unidos y México, hablan de un promedio anual de 30 mil millones de dólares. Si sumamos esa cantidad por los años de guerra, tenemos que se habrían lavado 105 mil millones de pesos en este gobierno, que equivalen a 1 billón 337 mil millones de pesos.

La cifra no es menor: es 80.7 veces la ayuda económica de la Iniciativa Mérida, que ha permitido la intervención de Estados Unidos en nuestro país.

Y ya que tenemos una guerra, pues hay que preguntar cuánto dinero se les ha decomisado a los narcotraficantes. Y resulta que casi nada. Según la embajada de Estados Unidos en México, los decomisos ascienden 299 millones de pesos y 389 millones de dólares en tres años y medio, que representan sólo el 0.39 por ciento de los recursos que se habrían lavado en el mismo periodo.

Y también hay que preguntar quién lava ese dinero. La Secretaría de Hacienda sospecha que una tercera parte de los 1.3 billones de pesos se legaliza en el circuito financiero; no obstante, los bancos sólo han tenido sanciones por 1 millón 560 mil pesos.

Recordemos que ese dinero es el que compra armas, autos y también autoridades.

Ámbito social [o la violencia que se ejerce por dos vías]. En este rubro tenemos más de 28 mil ejecuciones extrajudiciales, de las cuales hay una cifra no determinada cabalmente de personas inocentes: niños, jóvenes, mujeres, ancianos que nada tenían que ver con el narcotráfico.
Y hay, también, al menos 108 casos considerados crímenes de Estado en contra de activistas (55), periodistas (33) y políticos (20).
La espiral de violencia también registra otras cifras. La PGR admite tener conocimiento de 35 crímenes de lesa humanidad en su modalidad de desapariciones forzadas, mientras que el Frente Democrático Oriental de México señala que en este gobierno se cuentan 4 mil desapariciones forzadas por motivos políticos y sociales.
En esas listas negras están el comandante Ramiro, del ERPI; los activistas Armando Villarreal Martha, Benjamín Franklin Le Barón Ray; pero también los asesinatos masivos en centros de rehabilitación o en fiestas de adolescentes: la llamada limpieza social.

Limpieza social que se efectúa a través de comandos armados, según se nos dice. Lo que no se nos informa es que desde mediados de 2008, se organizaron comandos clandestinos de elite militar o caravanas de la muerte, entonces bajo las órdenes del general Mario Arturo Acosta Chaparro. Su actuación se encuentra fuera de todo escrutinio público e incluso conocer su existencia ha sido difícil.

Otros datos que destacar:
La base de los cárteles de la droga estaría conformada por unas 500 mil personas ; de éstas 80 mil son jóvenes:

300 mil se ocuparían de cultivar enervantes
150 mil ocuparían cargos operativos
50 mil serían mandos

Esta base social es alimentada por los mexicanos sin oportunidades:

En México hay 7 millones de adolescentes y jóvenes que carecen de escuela y de trabajo

17 de cada 100 muchachos, cuyas edades oscilan entre los 15 y los 18 años, emigran al extranjero en busca de empleo

Hay 2 mil 11 puntos de venta de drogas al menudeo (o tienditas) sólo en el Distrito Federal

Unos 3.5 millones de mexicanos han consumido drogas

Y 600 mil son adictos a los estupefacientes

Con estos resultados, ¿alguien puede creer que esta guerra es contra el narcotráfico?
Toda la información, disponible en la página del semanario Contralínea, www.contralinea.com.mx