Decir que la guerra es una farsa no significa que nuestro país no esté inmerso en un clima de violencia o que los más de 28 mil civiles ejecutados extrajudicialmente no existan. Eso existe.
Significa que, lejos de combatir la delincuencia, esta guerra le permite al gobierno violentar a la sociedad por dos vías: la del propio crimen (con asesinatos, secuestros, levantones, trata de personas, prostitución infantil, venta de drogas) y la de la militarización (que también genera asesinatos, violaciones sexuales, detenciones ilegales, amenazas, allanamientos ilegales, uso de comandos especiales clandestinos, desapariciones forzadas, entre otras violaciones a los derechos humanos que recuerdan el lúgubre periodo conocido como Guerra Sucia).
También significa que los cárteles continúan su actividad sin menoscabo y que ninguna red de protección ha sido siquiera investigada, mucho menos desmantelada (en el sector empresarial, en el circuito financiero y en el gobierno –sobre todo en los niveles más altos, como la Presidencia y su gabinete).
Decir que la guerra es una farsa no es una simple aseveración. Hay cifras oficiales que se ocultan a la sociedad, generadas por el gobierno mexicano y el estadunidense que documentan esto. Al respecto, en Contralínea publiqué un reportaje que da cuenta de esos resultados en tres ámbitos, el judicial, el financiero y el social.
Ámbito judicial. De acuerdo con el gobierno de Calderón, desde que se inició la guerra se han detenido a más de 120 mil “delincuentes”; sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene otros números que no justifican la ola de violencia desatada en este país.
De acuerdo con la Procuraduría, entre diciembre de 2006 y febrero de 2010, sólo 1 mil 306 miembros de ocho organizaciones criminales mexicanas han sido consignados ante la autoridad judicial, acusados de delincuencia organizada, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El cártel del Golfo-Zetas –ahora dividido– sumaba 609 individuos consignados. El de los Beltrán Leyva, 223; La Familia Michoacana, 145; Tijuana, 135; Sinaloa, 114; Juárez, 78; Díaz Parada, uno; Valencia Valencia, uno. Mientras que del cártel Amezcua Contreras no se tiene un solo consignado.
La PGR revela, además, que no todos los detenidos fueron consignados.
¿Y dónde están los 121 mil detenidos que presume la administración? Pues tal vez existen, pero no son ni medianamente las redes de los criminales organizados. Son quizá narcomenudistas, consumidores, burros, campesinos o incluso inocentes.
Más dramáticas todavía son las estadísticas que reporta el Consejo de la Judicatura Federal, que revelan la impunidad del crimen organizado [Ver tablas].
Esos son los resultados de una guerra que implica a más de 94 mil soldados en las calles.
En materia de erradicación de plantíos de mariguana y amapola y el decomiso de drogas, encontramos otras evidencias de la farsa. El Departamento de Estado de Estados Unidos señala en su más reciente reporte sobre drogas que “2009 representa el sexto año consecutivo de descenso. La erradicación de amapola también registró niveles por debajo de los históricos: hasta noviembre de 2009 se habían erradicado 11 mil 471 hectáreas, mientras que en 2008 sumaron 13 mil 189 hectáreas”.
Respecto de la marihuana, indica que, hasta noviembre de 2009, se erradicaron 14 mil 135 hectáreas, en comparación con las 18 mil 663 erradicadas en 2008 y con las 30 mil hectáreas como promedio anual en el periodo de 2002 a 2006.
Ámbito financiero. Las cifras oficiales del lavado de dinero vinculado con la mafia de las drogas, que presentan Estados Unidos y México, hablan de un promedio anual de 30 mil millones de dólares. Si sumamos esa cantidad por los años de guerra, tenemos que se habrían lavado 105 mil millones de pesos en este gobierno, que equivalen a 1 billón 337 mil millones de pesos.
La cifra no es menor: es 80.7 veces la ayuda económica de la Iniciativa Mérida, que ha permitido la intervención de Estados Unidos en nuestro país.
Y ya que tenemos una guerra, pues hay que preguntar cuánto dinero se les ha decomisado a los narcotraficantes. Y resulta que casi nada. Según la embajada de Estados Unidos en México, los decomisos ascienden 299 millones de pesos y 389 millones de dólares en tres años y medio, que representan sólo el 0.39 por ciento de los recursos que se habrían lavado en el mismo periodo.
Y también hay que preguntar quién lava ese dinero. La Secretaría de Hacienda sospecha que una tercera parte de los 1.3 billones de pesos se legaliza en el circuito financiero; no obstante, los bancos sólo han tenido sanciones por 1 millón 560 mil pesos.
Recordemos que ese dinero es el que compra armas, autos y también autoridades.
Ámbito social [o la violencia que se ejerce por dos vías]. En este rubro tenemos más de 28 mil ejecuciones extrajudiciales, de las cuales hay una cifra no determinada cabalmente de personas inocentes: niños, jóvenes, mujeres, ancianos que nada tenían que ver con el narcotráfico.
Y hay, también, al menos 108 casos considerados crímenes de Estado en contra de activistas (55), periodistas (33) y políticos (20).
La espiral de violencia también registra otras cifras. La PGR admite tener conocimiento de 35 crímenes de lesa humanidad en su modalidad de desapariciones forzadas, mientras que el Frente Democrático Oriental de México señala que en este gobierno se cuentan 4 mil desapariciones forzadas por motivos políticos y sociales.
En esas listas negras están el comandante Ramiro, del ERPI; los activistas Armando Villarreal Martha, Benjamín Franklin Le Barón Ray; pero también los asesinatos masivos en centros de rehabilitación o en fiestas de adolescentes: la llamada limpieza social.
Limpieza social que se efectúa a través de comandos armados, según se nos dice. Lo que no se nos informa es que desde mediados de 2008, se organizaron comandos clandestinos de elite militar o caravanas de la muerte, entonces bajo las órdenes del general Mario Arturo Acosta Chaparro. Su actuación se encuentra fuera de todo escrutinio público e incluso conocer su existencia ha sido difícil.
Otros datos que destacar:
La base de los cárteles de la droga estaría conformada por unas 500 mil personas ; de éstas 80 mil son jóvenes:
300 mil se ocuparían de cultivar enervantes
150 mil ocuparían cargos operativos
50 mil serían mandos
Esta base social es alimentada por los mexicanos sin oportunidades:
En México hay 7 millones de adolescentes y jóvenes que carecen de escuela y de trabajo
17 de cada 100 muchachos, cuyas edades oscilan entre los 15 y los 18 años, emigran al extranjero en busca de empleo
Hay 2 mil 11 puntos de venta de drogas al menudeo (o tienditas) sólo en el Distrito Federal
Unos 3.5 millones de mexicanos han consumido drogas
Y 600 mil son adictos a los estupefacientes
Con estos resultados, ¿alguien puede creer que esta guerra es contra el narcotráfico?
Toda la información, disponible en la página del semanario Contralínea, www.contralinea.com.mx
